Hasta ahora se conocían autos judiciales que han ido laminando la reforma de la administración andaluza, según la edición digital de El Correo de Andalucía. Las nueve agencias en las que la Junta condensó el sector público fueron llevadas a los tribunales por los sindicatos de funcionarios, que recurrieron el decreto que regulaba los estatutos de cada agencia y los protocolos de integración del personal laboral. La respuesta judicial fue dispar: algunos aceptaron paralizar cautelarmente el trasvase de personal, y otro no. Al final, todas las agencias habían sido suspendidas parcialmente.

Desestimó el recurso de Safja
El fallo que lo dictó la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, desestimó el recurso del sindicato Safja contra los estatutos de la Agencia de Servicios y Dependencia. El mismo tribunal ya había rechazado la suspensión cautelar a un recurso de CSIF, que sin embargo, fue posteriormente aceptada por un juez de lo Contencioso en Sevilla.

Rechazan todos los argumentos acusatorios
En el fallo los jueces rechazan todos los argumentos acusatorios de Safja, que son los mismos que se han lanzado contra el resto de agencias. Primero, sobre la posible inconstitucionalidad del protocolo de integración de personal laboral en las agencias que alega el sindicato, los jueces consideran que inducen al "confusionismo", son "genéricos" y "no concretan" qué derechos se vulneran.

"En su momento pruebas selectivas"
Más contundentes se muestran al desestimar la acusación de "enchufismo", "el punto nuclear de la demanda", y en la que los funcionarios han centrado su ofensiva legal contra la reforma. Los jueces dicen que no se vulnera el derecho laboral y niegan que las agencias sirvan para que personal laboral adquiera la condición de funcionario sin necesidad de opositar, como sostiene Safja, porque la misma norma "establece que dicho personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad". "No se alcanza a comprender en qué medida [del decreto] puede concluirse que los principios de igualdad, mérito y capacidad han sido conculcados pues en definitiva lo que el legislador ha dispuesto es que en su momento se llevarán a cabo pruebas selectivas y sólamente a través de ellas podrá accederse a la función pública", concluye el fallo.