Choque de trenes en los juzgados sevillanos entre las dos juezas. EFE



La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tomará una decisión, en su reunión del próximo martes 13 de octubre, sobre la pugna entre la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, y su antecesora, Mercedes Alaya, sobre quién instruye el caso de los ERE. Es probable que, tras la decisión del Alto Tribunal andaluz, el Consejo General del Poder Judicial, la instancia que tiene la última palabra en esta pugna, ratifique el mismo día el acuerdo que se adopte en Andalucía, han informado a Efe fuentes judiciales.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, avanzó que pretendía adoptar el acuerdo por unanimidad entre los componentes de la Sala de Gobierno, la mayoría de ellos de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora. El litigio por la instrucción de este caso comenzó en junio pasado después de que Alaya accediera a la plaza en la Audiencia de Sevilla que pidió y de que el Consejo le concediera, como medida para agilizar el funcionamiento del juzgado, una comisión de servicio durante seis meses para los ERE. Sin embargo, a Alaya le pareció insuficiente esa comisión, en la que también le pedían colaboración con su sucesora, porque no le daban otras dos macrocausas que ella comenzó y que afectaban a la Junta de Andalucía: los cursos de formación y los avales de la Junta de Andalucía a empresas.

Más de 4 años y 263 imputaqdos
La instrucción de los ERE la empezó Alaya en enero del 2011 y acumula 263 imputados, entre ellos los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a varias decenas de altos cargos de la Junta de Andalucía, comisionistas de aseguradoras y trabajadores que cobraron ayudas sin cumplir los requisitos. Para hacer valer su idoneidad como instructora en todas las macrocausas, Alaya remitió un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que descalificaba a su sucesora por su "estrecha amistad" con el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, y dudaba de sus conocimientos para la instrucción penal.

Diversos escritos
Tras ese escrito, el TSJA le pidió al Poder Judicial que valorara la "falta de voluntad de colaborar" de Alaya con Núñez, aunque no propuso un cambio en la comisión de servicio que se había aprobado, lo que se ha pospuesto hasta octubre y para lo que se ha esgrimido que la causa de los ERE se dividió en julio pasado. En otro escrito, Alaya también criticaba al juez que ella tenía de apoyo, Álvaro Martín, que sigue ocupándose del funcionamiento ordinario del juzgado, y reprochaba al TSJA que tomara las medidas de refuerzo "sin tener el menor conocimiento" de la situación del juzgado ni de las macrocausas que instruía. Esos escritos, según han señalado fuentes judiciales, han sido los que han provocado el retraso en la decisión sobre el destino de Alaya, que, mientras tanto, trabaja en la sección séptima de la Audiencia, la que resuelve los recursos de los ERE.

La juez Núñez, por su parte, remitió otro escrito en el que aseguraba que no necesitaba a Alaya en el juzgado y que sí requería más funcionarios para las numerosas macrocausas que se tramitan.