El TSJA ha echado un jarro de agua fría sobre el intenso ruido político desencadenado por una información periodística según la cual la juez de los ERE habría implicado a todo el Gobierno andaluz en el conocimiento de las presuntas ilegalidades deliberadamente cometidas en la concesión de las ayudas a empresas y trabajadores. "No hay ninguna imputación novedosa", recalca el comunicado público del Alto Tribunal andaluz. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado este miércoles una providencia para que se dé traslado de la exposición razonada elevada por la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares a las cuatro personas aforadas señaladas en la misma, como son los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio. En un comunicado de prensa, el Alto Tribunal andaluz ha informado de que la providencia "ordena que se haga llegar dicho documento a las cuatro personas aforadas por el procedimiento más rápido posible", todo ello después de que un medio de comunicación, en concreto 'El Mundo', haya publicado "la transcripción literal de algunos párrafos de la exposición razonada, lo que evidencia una indebida filtración de origen desconocido". UNA APORTACIÓN DE LOS ABOGADOS DEL PP Según la información publicada por ‘El Mundo’ y firmada por los periodistas Sebastián Torres y Antonio Salvador, “la juez considera acreditado que el Consejo de Gobierno conoció tres informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando de un mal uso de los fondos públicos en numerosas empresas públicas. Pone fecha a los días en los que se abordaron esos informes: el 19 de abril de 2005, el 29 de agosto de 2006 y el 8 de mayo de 2007”. Se trata –añade la información– “de una aportación realizada a la causa por los abogados del PP, que pusieron en conocimiento de la juez Alaya que el Consejo de Gobierno manejó dichos informes. La magistrada –concluye el párrafo– señala que han sido los letrados del PP quienes han aportado los documentos, quizá para dejar claro que se los pidió a la Junta de Andalucía en diciembre y sólo ha recibido uno”. Para la Sala, es necesario "asegurar a las cuatro personas señaladas en la exposición razonada la oportuna defensa de sus intereses y el conocimiento cabal de dicha exposición razonada no por informaciones de prensa, sino por su texto original". En este sentido, y al formar parte los cuatro exconsejeros de la Diputación Permanente del Parlamento, "se ha oficiado al Letrado Mayor del Parlamento con el fin de que les dé traslado de la exposición razonada". NO HAY IMPUTACIÓN NOVEDOSA La Sala de lo Civil y Penal precisa que "el objeto propio y específico de una exposición razonada por razón de aforamiento, que es la remitida a esta Sala, se ciñe a la enumeración de indicios respecto de personas que gozan de aforamiento, lo que podría determinar la competencia de la Sala para el conocimiento total o parcial de la causa". Por este motivo, y "en coherencia con la función propia de una exposición razonada, no se ha procedido a realizar ninguna imputación novedosa respecto de personas no aforadas". En ese mismo sentido se manifestó ayer el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, que consideró "increíble" que pueda interpretarse que el escrito de Alaya está implicando a todo el Gobierno e insistió en que se trata de "una exposición razonada, no es ninguna resolución judicial, sino una proposición que se hace por el instructor al TSJA para que decida y habrá que esperar qué decide". ¿UNA CAUSA O VARIAS CAUSAS? En la exposición razonada, la juez Mercedes Alaya considera, "como ya defendiera" en la exposición razonada enviada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el ámbito de competencia de la Sala "debe abarcar el conocimiento completo del resto de la causa" y no sólo de los cuatro aforados por los que traslada la causa al TSJA. De este modo, la juez se refuerza en su idea de no dividir el caso en piezas separadas, desafiando así el criterio del propio Tribunal Supremo que, en consonancia con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, considera que la parte relativa a los aforados –que fundamentalmente afecta al procedimiento administrativo utilizado para pagar las ayudas sociolaborales– puede y debe investigarse separadamente del resto de la causa. Alaya, en cambio, sigue sosteniendo en su exposición ante el TSJA que la causa “es inescindible”, y de ahí que se la remita íntegramente para que la investigue en su totalidad, y no solo en la parte relativa a los aforados, como exige la Fiscalía. UNA COPIA ÍNTEGRA DEL SUMARIO La magistrada ha enviado al TSJA dos tomos y nueve anexos. En uno de los tomos, se reproduce la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo en el mes de julio y en el otro tomo la exposición específica para el TSJA, de 73 folios. En los nueve anexos, algunos de ellos con varios tomos, se recogen algunas de las resoluciones más importantes de la causa. Junto a ello, desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se han enviado 23 DVDs en los que se recoge una copia íntegra de las actuaciones, así como de sus anexos, lo que en total supera ampliamente los 200.000 folios. Una vez que el TSJA ha recibido la exposición razonada, el trámite ordinario en la Sala de lo Civil y Penal es dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe si es procedente o no la admisión a trámite de la causa. Después, será la Sala la que decida finalmente si la admite a trámite, abre diligencias previas y nombra a un instructor de la misma.