Se archiva el caso por "por no ser los hechos constitutivos de infracción penal". Es la conclusión a la que ha llegado el magistrado de la Sala Segunda de Tribunal Supremo Juan Ramón Berdugo para archivar, con el apoyo de la Fiscalía, la causa abierta en noviembre pasado por el Alto Tribunal por malversación y prevaricación contra el exalcalde de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra y diputado en el Congreso Antonio Gutiérrez Limones.

Desde hace casi un lustro, el denominado caso ACM, por la extinta sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal, ha vertido ríos de tinta y reiteradas acusaciones políticas de trazo grueso, sobre todo por parte del PP.

“No he sido juzgado de nada”

Gutiérrez Limones, en declaraciones a los medios en el Congreso, ha subrayado que se trata de un sobreseimiento libre, porque ha sido el propio fiscal el que ha pedido el sobreseimiento y así lo ha estimado el juez, informa Efe.

"No he sido absuelto de nada porque no he sido juzgado de nada", ha señalado.
Por eso, y tras más de cuatro años en los que su honor, su familia y su pueblo han estado "arrastrados por el fango", ha hecho una llamada a la reflexión, a no prejuzgar, a no precipitarse con juicios paralelos, porque "se puede apostar por aniquilar a la persona cuando no se dispone de un proyecto en contra".


A su entender, la Justicia es "demasiado lenta", aunque sea un sistema garantista, y la formación de la opinión pública es "demasiado rápida", hasta el punto de que hay "muchísimos" casos de personas honradas y honestas que han sido objetivo de una investigación por una denuncia y están fuera de la política.

Un delito de 976 euros

El juez instructor que remitió el caso al Supremo por ser aforado el exalcalde entendía que hubo una omisión deliberada por parte de Gutiérrez Limones para permitir la malversación de caudales públicos, pero lo cierto la decisión del Supremo no deja en muy buen lugar la exposición razonada que en su día le remitió el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra.

El supuesto delito de malversación, por un importe de 976 euros, en todo caso haría prescrito sobradamente, ya que la última de las facturas investigadas es de 2007 y la incoación de la causa en el Alto Tribunal comenzó en noviembre de 2017. Pero es que, además, el Supremo ni siquiera ve claro que ese gasto para un viaje turístico no lo pagara el alcalde de su propio bolsillo, como siempre sostuvo él mismo.

El célebre saqueo

Tampoco ven el fiscal ni el magistrado del Supremo indicio verosímil alguno de que Gutiérrez Limones hubiera tenido una voluntad continuada de que no se fiscalizara la gestión de ACM.

Sin embargo, en su escrito de imputación elevado en junio pasado al Supremo, el instructor Javier Francisco Alba creía ver indicios de toda una serie de "supuestas actuaciones irregulares de saqueo” de la empresa pública ya desaparecida, incluyendo "irregularidades" con proveedores y clientes, "tales como obligarles a facturar dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado".

La investigación del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil aseguraba que el interventor en el Ayuntamiento alcalareño, Francisco de Asís Sánchez-Nieves Martínez, reconoció en su declaración como testigo que no se inspeccionaba la contabilidad de las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento, como es el caso de ACM, ni se efectuó el control financiero de la misma, por cuanto era necesario que el Pleno municipal hubiera concretado una norma para llevarlo a cabo. 

Las acusaciones del PP

En febrero pasado y sin esperar a la decisión del Supremo, el PP de Sevilla acusaba al PSOE de “amparar” a Gutiérrez Limones y le exigía a la secretaria general de Sevilla, Verónica Pérez, que le reclamara su acta de diputado “para que deje de representar a los sevillanos quien está señalado por la Justicia”. Entendían los populares, que hoy guardan silencio, que no era admisible que el exalcalde siguiera “manteniendo su cargo y su sueldo público a costa de los ciudadanos».

El secretario general del PP de Sevilla, Juan de la Rosa, sostenía lo siguiente: “No entendemos en absoluto es cómo desde el PSOE sevillano, con el amparo de Susana Díaz, se siga protegiendo y apoyando a Limones garantizándole un sueldo público y representando a los sevillanos en el Congreso”.

Honestidad patente

El número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha interpretado en un comunicado que la causa “deja patente la honestidad de Gutiérrez Limones y demuestra una vez más el uso y el abuso que de este tipo de casos hace una oposición absolutamente irresponsable y negligente del Partido Popular”.

Tras más de cinco años “sometido injustamente al juicio de la opinión pública –afirma Cornejo– quedan ahora despejadas cualquier duda sobre la honradez de Antonio Gutiérrez Limones, quien, sin embargo, ya no podrá verse desagraviado ante las infamias y  mentiras que se sembraron respecto a su gestión al frente del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira”.

Ferraz le pidió cuentas

A principios de junio de 2017, el hombre fuerte del equipo de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, llamaba al exalcalde a Ferraz para recabar información detallada del caso. El Código Ético del PSOE obliga a los cargos públicos y orgánicos del partido a dimitir de forma inmediata si se les abre juicio oral en un procedimiento penal por delito grave.

Antonio Gutiérrez Limones ha sido durante años uno de los referentes del socialismo sevillano, hasta el punto de que llegó a disputarle a Susana Díaz en 2012 el liderazgo provincial del partido. Fue durante dos décadas alcalde de Alcalá de Guadaíra, una de las localidades del área metropolitana de Sevilla donde el PSOE ha sido hegemónico desde la restauración democrática.