La Sala II del Tribunal Supremo no ha apreciado indicios relevantes de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el senador del PP y alcalde de Tomares (Sevilla), José Luis Sanz, por lo que archiva su caso. En un auto hecho público este viernes, el Alto Tribunal devuelve las diligencias al Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que le elevó una exposición razonada sobre el senador y alcalde 'popular', para que este tribunal siga con la investigación del resto de implicados no aforados. "No hay indicios de que el aforado sustrajera o consintiera que lo hiciera un tercero, caudales o efectos del Ayuntamiento, por lo que no se aprecian indicios de malversación de caudales públicos", dice con contundencia el Supremo. La juez de Sevilla que investiga el contrato gracias al cual el concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Tomares, Juan Campos, percibió retribuciones de 2.000 euros al mes del Consistorio cuando no formaba parte de la Corporación a cambio de la elaboración de una serie de informes de una sola frase, elevaba en enero pasado al Tribunal Supremo la exposición razonada con los supuestos "indicios" existentes contra el alcalde de la localidad, senador y exnúmero dos del PP andaluz, José Luis Sanz. La oposición denunció que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar precisamente el dinero abonado a Campos, así como una vulneración de las normativas de contratación, pues el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los pagos se habrían prolongado hasta 2009. "INDICIOS SUFICIENTES" La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, cumplía así la orden que le había dado la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para que remitiera al Tribunal Supremo una exposición razonada "sobre los indicios de criminalidad que, en relación con los hechos investigados en este procedimiento, haya apreciado en la actuación" del primer edil. El día 30 de abril del pasado año 2014, la juez instructora decidió inhibirse ante el Tribunal Supremo para que éste investigara los posibles indicios de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación a José Luis Sanz, dada su condición de aforado por ser senador, una decisión que confirmó el 24 de julio de 2014 al estimar que existían "indicios suficientes" contra el primer edil. Obviamente, la juez se equivocaba, según el Supremo. El Alto Tribunal dice ahora que en esa exposición se explican los hechos objeto de procedimiento y "únicamente" se dice que pudieran existir indicios contra el alcalde, pero "sin concretar cuáles" y considera que la conducta de Sanz "no es susceptible de subsumirse indiciariamente en el delito de prevaricación y tampoco en el de malversación de caudales públicos". EL CONTRATRO NO ERA ARBITRARIO Por un lado, descarta la prevaricación porque no cree que el contrato firmado por alcalde sea "contrario a derecho" o que sea una "resolución arbitraria" y puntualiza que "otra cosa es que después se vulnere" la ley de contratos públicos en lo que se refiere a duración o cuantía, "pero son actuaciones posteriores e independientes a la contratación propiamente dicha". Así, insiste en que no se acredita que Sanz tuviera conocimiento de los informes presentados por Campos o de la ausencia de los mismos y en lo que se refiere al documento de aprobación de gasto el Supremo ve que el alcalde no realizó ninguna conducta "aparentemente irregular". Sobre la malversación, el tribunal también señala que "no consta" que el alcalde haya tenido conocimiento de que, presuntamente, se estuvieran pagando facturas por trabajos inexistentes ni se mencionan indicios de que en la ejecución de los contratos y, por ello, "fuera conocedor el mal uso del erario público". EL DELITO ESTUVO EN LA EJECUCIÓN En definitiva, el Supremo resume que en la exposición razonada que le ha sido elevada "no constan indicios de la falta de legalidad de la contratación, en la que interviene el alcalde" sino que se exponen los indicios de delito en la ejecución posterior de los contratos, siendo que "en esta fase no se acredita, ni aún indiciariamente, la participación del aforado". A la vista de la falta de esos indicios relevantes de delito, se devuelven las diligencias a la juez sevillana, de las que deberá seguir conociendo. Cabe recordar que en la causa están imputados el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el propio Juan Campos; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP); el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'.