Esta vez no está habiendo filtraciones. Hay un hermetismo absoluto en medios socialistas acerca de la virtual inclusión en las listas electorales de las autonómicas del 22-M de los cuatro exconsejeros y actuales diputados Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio, ‘preimputados’ por la juez de los ERE y a la espera, por su condición de aforados, de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decida su destino judicial. No obstante, andalucesdiario.es ha podido saber que el PSOE está sopesando seriamente la inclusión de todos ellos en las candidaturas al Parlamento, pese a la erosión del discurso regeneracionista de Susana Díaz que esa decisión entrañaría. Para buena parte de la militancia sería difícil de digerir la exclusión de unos compañeros a los que consideran más allá de toda sospecha, aunque esa misma militancia teme que la factura electoral por incluirlos pudiera ser demasiado elevada. Si no son candidatos dejarían de estar aforados cuando se disuelva la Diputación Permanente de la Cámara, de la que son miembros, y se constituya el Parlamento salido de las urnas el 22 de marzo, con lo cual ese destino judicial dejaría de estar en manos del TSJA y quedaría en las de la instructora Mercedes Alaya, mucho menos fiables para los socialistas. ‘ESTA SEÑORA ES CAPAZ DE MANDARLOS A LA CÁRCEL’ Ya la propia inclusión –política y estéticamente muy forzada al materializarse en el último pleno de la legislatura– de los cuatro diputados en la Diputación Permanente le ha valido al PSOE críticas muy duras desde su izquierda y desde su derecha, pero también desde buena parte de la opinión pública. En la reflexión interna que están haciendo los socialistas andaluces cuentan las razones de orden político, pero también –y mucho– las de orden personal y por supuesto judicial. Entre estas últimas la más determinante tiene nombre y apellidos: Mercedes Alaya Rodríguez. Un exalto cargo de gran relevancia institucional confesaba a este periódico sus temores: “Esta señora es capaz de llamarlos a declarar en plena campaña electoral y mandar a cualquier de ellos a la cárcel”. Además del daño personal a los interesados, una decisión judicial de ese calado podría ser letal para las expectativas electorales del PSOE. La opinión es compartida por muchos militantes y, desde luego, por los cuatro interesados, convencidos a su vez de que tanto el Tribunal Supremo, donde está residenciada la causa de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y tres exconsejeros, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía archivarán las acusaciones que viene formulando contra ellos la juez Alaya, quien considera que todos ellos, junto a varias decenas más de altos cargos, idearon, implementaron o mantuvieron el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales a sabiendas de que era ilegal. PRECEDENTES INQUIETANTES El hecho de que en el pasado la instructora del caso de los ERE tomara decisiones judiciales de gran relevancia en plena campaña electoral o coincidiendo con actos institucionales de mucha solemnidad ha engordado las sospechas socialistas hasta aproximarlas obsesivamente a la paranoia. Fuentes bien informadas aseguran a este periódico que la poderosa dirección provincial de Jaén, dirigida por Francisco Reyes, sería partidaria de la inclusión de Francisco Vallejo y Antonio Ávila en las listas. Ambos quieren repetir candidatura, tanto por razones de blindaje judicial frente a la implacable instructora como por razones vinculadas a una honorabilidad personal que quedaría aún más en entredicho si su propio partido decide tratarlos "como apestados", según expresión de unos de ellos. En todo caso, si los nombres de Ávila y Vallejo son propuestos los militantes de Jaén estos les darán sin duda su aprobación, ya que ambos son muy queridos en la organización, cuyas bases están mayoritariamente convencidas de su honorabilidad y de que ninguno de ellos tiene nada de qué avergonzarse en la gestión de los ERE. Y lo mismo sucede con Carmen Martínez Aguayo, que fue en las listas por Sevilla, y Manuel Recio, que lo hizo por Almería, aunque su ascendencia personal entre la militancia tal vez sea menor que la de sus compañeros de Jaén. Lo cierto, en cualquier caso, es que sobre ninguno de ellos pesan indicios o acusaciones no ya de enriquecimiento personal, sino ni siquiera de haber gestionado pagos concretos de ayudas concretas. Uno de los aforados ante el Supremo dijo a este periódico que sí podrían acabar imputados quienes gestionaron los fondos o autorizaron de forma directa las ayudas, en alusión al exconsejero de Empleo y diputado en el Congreso José Antonio Viera. NINGÚN IMPUTADO En principio, la decisión sobre las listas no es de la dirección regional de San Vicente, sino de los propios órganos del partido en cada provincia, que han de someter los nombres al escrutinio de la militancia. Pero a su vez esos militantes están esperando a que alguien les envíe una señal o les dé una pista, y ese alguien solo puede ser Susana Díaz o su número dos Juan Cornejo. Éste ha sido preguntado en numerosas ocasiones, pero no suelta prenda. La semana pasada en Canal Sur Televisión, a la pregunta de si los cuatro socialistas aforados ante el TSJA iban a formar parte de alguna de las listas provinciales del PSOE-A, Cornejo se limitaba a decir que en el proceso de elaboración de estas candidaturas participan más de 50.000 militantes, que son quienes "hablarán" sobre ello. "Lo que ha hecho el PSOE-A –recalcó Cornejo– que es algo que no lo había hecho ningún otro partido, es que no va a haber sentado ningún imputado por corrupción en ninguna Cámara. Está respondida así la pregunta, ¿no?". En realidad, no, la pregunta no estaba respondida y sigue sin estarlo, aunque con esa respuesta ambigua Cornejo dejaba todas las opciones abiertas. Sea como fuere, si son incluidos en el cartel electoral y finalmente resultan imputados, tendrían que dejar su escaño.