“Gobierno amigo”. La expresión la utilizó este sábado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su visita institucional a Jaén, donde se entrevistó con el alcalde amigo Javier Márquez y con el presidente de la Diputación enemigo Francisco Reyes. Con la llegada del PP al palacio de San Telmo se supera el que, aunque vestido con diferentes ropajes, siempre fue el principal escollo para que el tranvía de la ciudad echara andar después de ocho años en vía muerta.
Como admiten en privado conocedores de las eternas negociaciones entre el Ayuntamiento del PP y la Junta cuando la gobernaba el PSOE, lo que en el fondo ha venido trabando el tranvía no eran comprensibles motivos técnicos, fiscales o presupuestarios, sino descarnados motivos ideológicos.
El pecado original
La derecha jiennense nunca le perdonó al transporte terminado en 2011 su filiación socialista; por su parte, los vecinos de la ciudad tampoco premiaron al PSOE en las municipales de hace ocho años por aquella inversión de 120 millones de euros: el PP arrasó con casi el 52 por ciento de los votos (siete puntos más que en 2007) y el PSOE bajó al 35 por ciento (ocho puntos menos cuatro años antes).
Ni parece tampoco que en 2015, con el tranvía varado durante cuatro años, los ciudadanos castigaran al alcalde popular José Enrique Fernández de Moya, que había llegado a decir que él nunca se subiría en ese tren: el PP bajó del 52 al 38 por ciento, pero los puntos que perdió los ganó Ciudadanos y el Ayuntamiento no cambió de color.
El último intento
El último y más esforzado intento de desbloquear la esperpéntica situación lo protagonizaron en mayo pasado el consejero de Fomento de la Junta Felipe López, el alcalde Javier Márquez y el presidente de la Diputación Francisco Reyes.
Las tres instituciones firmaron un acuerdo según el cual el sistema tranviario pasaba a ser nominalmente metropolitano y la Junta asumía su titularidad y gestión compartiendo con el Ayuntamiento los costes del déficit de explotación, calculado en 1,5 millones de euros al año: 75 por ciento el Gobierno andaluz y 25 el Gobierno local, con apoyo de la Diputación en forma de patrocinio.
Los vagones
Sin embargo, nueve meses después el tranvía sigue parado. ¿El motivo? Que el Ayuntamiento exige que el material móvil lo pague también la Junta, mientras que ésta defiende que los vagones están excluidos del coste de explotación, y de hecho fue un gasto asumido desde el principio por el Consistorio.
Los cinco vagones Alstrom comprados en 2010 costaron algo más de 25 millones de euros, que la Junta financió con el compromiso de municipal de devolverle en cuotas mensuales el dinero invertido.
La urgencia de la Junta socialista para justificar los 120 millones que había invertido en la infraestructura no era compartida por el Ayuntamiento popular. En un debate público celebrado en la capital en noviembre pasado, el habitualmente contenido consejero Felipe López estallaba con esta pregunta: “¿Pero qué más quiere el Ayuntamiento?”.
Recurso bajo sospecha
Y por si el embrollo político no fuera bastante, ahora hay que sumarle el judicial: la empresa concesionaria del servicio urbano de autobuses recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la declaración de interés metropolitano del tren ligero, por sentirse perjudicada.
Las excelentes relaciones entre el gobierno municipal y Autobuses Castillo hicieron sospechar a la oposición socialista de una cierta connivencia entre ambos, dado que el Ayuntamiento –que "no dijo ni mu” hasta semanas después de haberse presentado el recurso– habría “dejado pasar el tiempo” deliberadamente para no hacer efectivo el acuerdo alcanzado en mayo.
Es lo que denunciaba el portavoz y candidato del PSOE Julio Millán. El alcalde Márquez, en cambio, afirma que el Consistorio defenderá el tranvía en los tribunales sin reservas.
Compromiso sin fecha
La visita oficial del presidente de la Junta el pasado sábado a la ciudad podría desencallar el conflicto institucional. Moreno se comprometió genéricamente a poner todo su empeño para que el tranvía eche a andar, pero eludió cuidadosamente concretar fechas o cantidades.
De entrada, Moreno deberá decidir si corren a cargo de las exhaustas arcas autonómicas los 25 millones de euros del material móvil o si intenta convencer al alcalde de que rebaje sus pretensiones.
A favor de los vecinos juega ahora la coincidencia de color político de Jaén y Sevilla. Puesto que se trató de una inversión millonaria de la Junta, parece razonable esperar que el nuevo Gobierno quiera apuntarse el tanto político de rentabilizarla, en contraste con el fracaso de sus antecesores socialistas.
