El Partido Popular se ha negado a permitir la comparecencia de la Ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Congreso de los Diputados para que explique los motivos por los que el Gobierno ha recurrido hasta paralizarla la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.

Los populares se niegan a dar explicaciones
En la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, Javier Barrero, vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados y diputado por Huelva, ha reprochado a los populares que se nieguen a dar explicaciones por algo tan grave y que puede afectar a tantas familias: “Ante una situación tan lamentable como la que están pasando muchas familias andaluzas y ante una decisión de un Gobierno como el de la Junta que busca paliar esta situación, el Gobierno de la Nación recurre esta decisión para suspenderla.

Merecemos una explicación
Miles de familias serán expulsadas de sus casas. Miles de personas con dificultades se quedarán en la calle por culpa de este recurso. El pueblo español al que representamos merece una explicación detallada de por qué el Gobierno del Partido Popular ha recurrido esta decisión tan justa”, ha dicho, y ha añadido: “No podemos pensar que este gobierno tenga estos niveles de insensibilidad, de crueldad, porque si fuera así sería inaceptable”.

En defensa del derecho a una vivienda digna
El diputado socialista ha explicado qué persigue la Junta de Andalucía con esta ley: “Lo que busca es evitar la vulneración del derecho constitucional a una vivienda digna. Y luchar contra la exclusión social, para que familias de pocos recursos no puedan ser echadas de su vivienda. Defiende también a los avalistas de esas viviendas, y a los autónomos, a los pequeños empresarios, que han solicitado créditos para sus empresas avalándolos con su vivienda” y ha aclarado que el Consejo Consultivo de Andalucía por unanimidad consideró esta medida constitucional. Barrero ha explicado qué se ha conseguido hasta el momento: “Se han paralizado más de 3.260 desahucios porque las propias entidades bancarias han asumido que algunos desahucios chocaban con el carácter social de la vivienda. Se han expropiado 2 viviendas, hay 37 expedientes en curso y más de 200 familias se iban a beneficiar de esta ley “.

¿Pone en riesgo al sistema financiero español?
Barrero ha puesto en duda la justificación del Gobierno, que en su recurso dice que la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda pone en riesgo al sistema financiero español: “El mismo sistema que ha recibido 40.000 millones de euros para combatir la crisis. Una crisis que los españoles no han provocado y que ya se ha cobrado 6.000.000 de parados, casi la mitad de ellos sin protección alguna. Una banca que ha despedido a más de 35.000 trabajadores, mientras sus beneficios en 2013 han aumentado un 90%”.