¿Culpa de la instructora del caso o culpa de la Junta de Andalucía? El presidente del PP-A, Juanma Moreno, lo tiene claro. Considera "impecable" la actuación de la juez Mercedes Alaya en el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) y ha atribuido la prescripción de posibles delitos a "la evidente falta de colaboración" de la Junta de Andalucía durante años con la Justicia. El líder conservador se lanzaba a defender a la primera instructora del caso tras conocerse que la Audiencia de Sevilla ha declarado prescritos los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte de Sevilla por un importe total de más de 450.000 euros. LA PISTA DEL DINERO Y LA PISTA DE LOS POLÍTICOS Mientras que las defensas de muchos de los imputados ha venido reprochando a la juez que dedicara lo mejor de sus esfuerzos a seguir 'la pista de los políticos' en ver de seguir 'la pista del dinero', Moreno enfatiza que Alaya se quejó reiteradamente de la falta la colaboración de la Junta y que "han sido muchas las acciones que tuvo que emprender para poder acceder a expedientes de la Junta". Pese a la exculpación sin matices que Moreno hace de Alaya, la sucesión de escritos y peticiones del Gabinete Jurídico de la Junta dirigidos al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla desde 2011 y que no obtuvieron respuesta procesal siembra no pocas dudas sobre la diligencia de la juez para conjurar el peligro de prescripción. LOS PASOS DEL GABINETE JURÍDICO DESDE 2011 En todo caso, la Junta de Andalucía solicitó desde octubre de 2011 la práctica de diligencias judiciales sobre personas y empresas de la Sierra Norte de Sevilla beneficiarios de ayudas "indiciariamente ilícitas" y alertó en varias ocasiones desde 2013 del riesgo de prescripción de los delitos imputados y de la posibilidad, por tanto, de que la administración autonómica no pudiera recuperar el dinero presuntamente defraudado.
Estos avisos realizados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla afectaban, entre otros, precisamente a los empresarios Juan Manuel Prieto Guerra y Luis García García, cuya imputación acaba de ser anulada por la Audiencia Provincial de Sevilla, así como a otras diez personas y empresas para las que el Ministerio Fiscal ha solicitado también que se declaren prescritos los hechos delictivos imputados en el marco del caso ERE. En concreto, la Junta de Andalucía presentó el pasado 23 de junio ante el Juzgado sendos escritos en respuesta a los recursos planteados por los empresarios Prieto Guerra y García y García en los que relata su propia "actividad procesal respecto de las ayudas concedidas a las entidades de la Sierra Norte". En dichos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el Gabinete Jurídico de la Junta recuerda que el 28 de octubre de 2011 presentó un escrito en el que "se denuncia, por primera vez en las diligencias previas, la existencia de una gran cantidad de empresas pertenecientes a la Sierra Norte de Sevilla que han sido beneficiarias de ayudas indiciariamente ilícitas". TRES AÑOS Y MEDIO SIN ATENDER LA PETICIÓN Según la Junta, las diligencias que se solicitaban en ese escrito de octubre de 2011 no concluyeron hasta el 6 de febrero de 2015 cuando la magistrada Mercedes Alaya dictó un auto, a partir del atestado 300-14 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que imputaba a la docena de personas y empresas para las que el Ministerio Fiscal viene solicitando la prescripción de delitos. Asimismo, el Ejecutivo andaluz insistía, en otro escrito de 14 de noviembre de 2011, en la práctica de diligencias e identificaba las entidades de crédito a las que pertenecían las cuentas corrientes que solicitaba investigar. Apenas diez días después, la Junta denunciaba la ayuda concedida a Antonio Diéguez Viera y solicitaba que declarase como imputado, pero, según la administración autonómica, este escrito no se incorporó a las actuaciones hasta más de dos años después y tras una nueva advertencia del propio Gobierno andaluz al Juzgado. AYUDAS ILÍCITAS El 3 de enero de 2012 el Gabinete Jurídico alertó a Alaya de que "algunas de las empresas de la Sierra Norte denunciadas por la propia Junta de Andalucía en su escrito de 28 de octubre de 2011 están depositando cuentas en el Registro Mercantil (tras varios ejercicios sin hacerlo) al objeto de deponer el denominado efecto de cierre registral y permitir así la inscripción de cambio de denominación, de domicilio y de administradores". En ese escrito pedía que estas personas fueran citadas a declarar "a fin de poder solicitar la adopción de medidas cautelares". También en enero de 2012 la Junta presentó dos escritos más denunciando las ayudas "indiciariamente ilícitas" a Isidoro Ruz Espigares y a las empresas de Juan Antonio Trujillo Blanco --chófer de Francisco Javier Guerrero-- y solicitando su declaración como imputados, además de insistir en la práctica de las diligencias reclamadas meses atrás. Del mismo modo, en enero y marzo de 2013 el Gobierno andaluz denunciaba las ayudas concedidas a otras siete empresas reiterando la necesidad de practicar diligencias. "CLARO PELIGRO" DE NO RECUPERAR EL DINERO Meses después, el 7 de octubre de 2013, la Junta vuelve a pedir a Alaya la práctica de diligencias que ya habían solicitadas en nueve escritos anteriores ante el Juzgado y justificaba la necesidad de proceder a realizar las imputaciones a fin de "evitar posibles prescripciones y, sobre todo, de asegurar las responsabilidades pecuniarias en que podrían incurrir mediante la adopción de las oportunas medidas cautelares y todo ello en virtud del evidente interés de ser resarcida que incube a esta administración y en el claro peligro de que ello no sea así de demorarse la adopción de las medidas cautelares pertinentes". Seis meses más tarde, el 28 de marzo de 2014, el Gobierno andaluz solicitaba la incorporación a las actuaciones de los escritos ya presentados y no incorporados aún desde 2011, así como la práctica de todas las diligencias solicitadas. En ese escrito, el Gabinete Jurídico advirtió de forma expresa de que "la frustración del legítimo derecho de esta administración a verse resarcida podría provenir por el mero transcurso del tiempo, toda vez que importantes hechos presuntamente delictivos objeto de averiguación en la presente causa --singularmente la concesión de subvenciones extraordinarias y/o excepcionales en el ámbito territorial de la Sierra Norte de Sevilla-- fueron consumados en abril del año 2004".