El Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto Ley por el que la comunidad autónoma de Andalucía se reserva los derechos del complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla), que permitirá a la Administración autonómica impulsar la reapertura de esta explotación a través de un concurso en régimen de concurrencia competitiva, con el fin de elegir el proyecto que mejor cumpla las exigencias de seguridad y de viabilidad técnica, económica y medioambiental.

La norma, aprobada por Consejo de Gobierno el 17 de diciembre de 2013, da respuesta a una proposición no de ley aprobada unánimemente el pasado mes de julio por el Parlamento de Andalucía, que instaba al Consejo de Gobierno a articular los procedimientos necesarios para acelerar la reapertura de la mina con totales garantías y bajo premisas de plena transparencia y competitividad.

La fórmula del Decreto Ley, prevista en el Estatuto de Autonomía para situaciones de urgente necesidad, se justifica en este caso por las particulares circunstancias de la mina de Aznalcóllar que obligan al Gobierno andaluz a extremar el control de las futuras actividades extractivas. Asimismo, con la aprobación de esta norma se ofrece total seguridad a inversores y empresas concurrentes, además de agilizarse la tramitación administrativa.

Un contexto favorable de resurgimiento de la minería metálica
El complejo minero de Aznalcóllar ocupa una superficie de casi 950 hectáreas y cuenta con unas reservas de 35 millones de toneladas constatadas, y otros 45 millones probables, de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata. El proceso para su reapertura se produce en un contexto favorable de resurgimiento de la minería metálica y de aumento de la demanda y de los precios.

Inversión de 12,5 millones de euros
El concurso minero de Aznalcóllar se sumará a los dos que la Junta ya resolvió el pasado año para un total de 13.500 hectáreas en la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla, con una inversión prevista de 12,5 millones de euros. En fase de convocatoria se encuentra otro en la provincia de Huelva que pone a disposición de las empresas investigadoras un total de 90 derechos distribuidos en 33.500 hectáreas.