El procedimiento utilizado para pagar ayudas sociolaborales en Andalucía durante diez años era “inadecuado” pero “no ilegal”. Es lo que ha venido manteniendo en diferentes declaraciones judiciales y parlamentarias el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez y lo que ratificaba este miércoles al declarar como imputado ante la juez María Núñez Bolaños en el marco del caso de los ERE fraudulentos. Por espacio de algo más de una hora, Gómez reiteró que tanto el Consejo de Gobierno como las consejerías de Hacienda y de Empleo conocieron la opinión crítica de la Intervención sobre el empleo de las transferencias a través de las memorias de Control Financiero Permanente relativas a los años 2004, 2005 y 2006. Manuel Gómez dijo que advirtió en "decenas" de informes de que se trataba de un mecanismo "desafortunado", si bien admitió ante la juez que esta es una materia "lábil" en cuanto a su régimen jurídico y que "es fácil que se pueda llegar a conclusiones diversas". ¿POR QUÉ NO LO HIZO? Pero si la Intervención General tenía tantos reparos a la utilización de las transferencias de financiación, un sistema que excluía la fiscalización previa de cada partida de gasto, ¿no podría haber ordenado a los interventores delegados de las consejerías afectadas que fueran especialmente celosos en el control y fiscalización posterior de ese gasto bajo sospecha? No. Según Gómez la Intervención no podía fiscalizar los expedientes de Empleo "por falta de objeto", ya que, según dijo a la jueza, no existía expediente de pago, ni propuesta de subvención, ni orden ni pago. Lo cierto, sin embargo, es que el dinero se gastaba y los pagos se hacían, y de hecho generaban un déficit en las agencias pagadoras IFA e IDEA del que también alertó la Intervención. Pero aun así no había nada ilegal, reiteró Gómez, imputado en su día por la jueza Mercedes Alaya por haber permitido ese sistema, que la Intervención podría haber frenado en seco emitiendo un informe de actuación que habría obligado al Gobierno andaluz a dejar de utilizarlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no consideraba ilegal el procedimiento. Alaya siempre entendió que el interventor cometió prevaricación al no declarar ilegal ese procedimiento. Sigue, en todo caso, quedando en el aire la incógnita de por qué habría incurrido un funcionario de carrera como es el interventor en un riesgo profesional y penal de tanta envergadura como es la prevaricación. RÉGIMEN JURÍDICO AMBIGUO Distintas fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que Manuel Gómez dijo en su declaración que las transferencias de financiación "deben destinarse a su destino genuino pero puede tener otro", ya que "son ambiguas en cuanto al régimen jurídico". "Entre 2000 y 2014 han cambiado mucho los conceptos y como contable entendemos que deben servir para los gastos generales de la empresa, y cuando no es así decimos que el uso es inadecuado, pero ir más allá es arriesgado", subrayó. El ex interventor general de la Junta también desveló que la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez --en su declaración no mencionó directamente el nombre de la exministra-- habría tenido conocimiento del uso "inadecuado" de las transferencias a través de las memorias anuales de cumplimiento de 2001 y 2002. A partir del año 2005, explicó, y "por decisión de la Consejería", se encargó a la Intervención "asesorar" a los órganos directivos de las empresas públicas de la Junta, entre ellos al Consejo Rector de IDEA, advirtiéndose en el marco de esta "actividad informal" de que "se estaba produciendo un déficit presupuestario que no se podía sostener". Todo ello se plasmó en una serie de informes trimestrales remitidos al Consejo Rector de IDEA y anuales dirigidos a la exviceconsejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, añadiendo que mantuvo una serie de reuniones con esta última para abordar el déficit presupuestario de la partida 31L, un déficit que a su juicio constituía "una infracción de la Hacienda Pública" al suponer un gasto superior a lo consignado. LA LETRADA JEFA RESPALDA EL SISTEMA La magistrada también tomó declaración este miércoles a la letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía Margarita Regli Crivell, lo que había sido solicitado por el abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un ex alto cargo de IDEA, al entender que dicha comparecencia es "necesaria, clarificadora e imprescindible para el sostenimiento y demostración de las tesis jurídicas defensivas". La letrada jefe de la Cámara de Cuentas ratificaba su informe del año 2012 donde señalaba que las transferencias de financiación podían utilizarse para otros fines distintos a equilibrar el presupuesto de IDEA, mientras que también ha dicho que, para hacer su informe, no comprobó que los beneficiarios de las ayudas cumplieran los requisitos, ya que "no era su labor", por lo que tampoco comprobó "expediente por expediente" para ver si se cumplían dichos requisitos. Cabe recordar que uno de los argumentos nucleares de la jueza Alaya que demostrarían la ilegalidad flagrante del procedimiento es que con las transferencias de financiación únicamente se podía equilibrar el presupuesto de explotación de un determinado organismo, IDEA en este caso, pero en ningún caso hacer los pagos de ayudas sociolaborales que se hacían.