El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado al Tribunal Supremo la causa contra la senadora y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) María José García Pelayo (PP) tras determinar que existen indicios de prevaricación continuada en las adjudicaciones que realizó a la trama Gürtel. La decisión del juez De la Mata puede poner en ciertos apuros al Partido Popular de Andalucía, que viene pidiendo machaconamente desde hace mucho tiempo la dimisión de los expresidentes Chaves y Griñán, cuya futuro judicial estudia el Supremo. Ambos están provisionalmente imputados por el caso de los ERE a propuesta de la juez Mercedes Alaya: exactamente la misma situación que sufre ahora García Pelayo. Los hechos que se han investigado en esta pieza separada se han centrado en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004, así como otros expedientes, como el de acondicionamiento para la Plaza Mayor de Madrid. De la investigación se desprende que los expedientes investigados se tramitaron incumpliendo los estatutos y sin ser aprobados por el Consejo Rector. En el caso de la adjudicación del stand del ayuntamiento de Jerez para la Feria de Fitur 2004, participaron personas y empresas vinculadas a Francisco Correa, efectuando gestiones, contratación y pagos a proveedores con anterioridad al procedimiento formal de contratación. Las mercantiles Special Events y Down Town elaboraron su documentación administrativa para presentarla a los concursos de los que resultaron adjudicatarios, cuando ya los trabajos se habían realizado "y transcurrido casi un mes desde su finalización", y de lo que se infiere que el órgano contratante no disponía de la documentación con carácter previo a la ejecución del procedimiento administrativo de contratación y adjudicación. En su exposición motivada, el juez de la Mata detalla todos los indicios recabados contra la exalcaldesa, que debió conocer que el competente para aprobar estos contratos era el Consejo Rector. Pese a ello, "aprobó personalmente, con conciencia de su falta de competencia, los concursos, los pliegos y la adjudicación de los contratos. Con posterioridad a la prestación del servicio por las empresas, consciente de que no era suya la competencia, sometió el asunto a la ratificación del Consejo Rector". Según explica el juez, la entonces alcaldesa conoció que todos los documentos presentados por las empresas y los propios documentos administrativos "se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a las que se hizo constar en los mismos". De la Mata tipifica los hechos como un delito de prevaricación continuada en tanto todas las resoluciones administrativas investigadas eran falsas, se firmaron con posterioridad a las fechas que figuran consignadas en las mismas y no se correspondieron en absoluto con la realidad de expedientes administrativos reales. Toda la actuación desarrollada por la persona aforada, señala el juez, "con la participación del resto de imputados fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas".