Además de decidir la apertura de juicio oral sobre una parte de la trama Gürtel, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dictado otra providencia sobre una pieza separada que también investiga: el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Según la providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el juez reclama a la Unidad de Auxilio de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, que haga un informe sobre las posibles irregularidades que se han detectado en el Ayuntamiento de Jerez durante la investigación de una ramificación de la trama Gürtel en la ciudad gaditana. Desde febrero del año pasado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga una ramificación de Gurtel en Jerez de la Frontera por la supuesta contratación irregular de un 'stand' en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) del 2004. FECHAS CAMBIADAS Según ha concluido un informe de la UDEF, que ya está en poder del juez Ruz, el Ayuntamiento de Jerez manipuló presuntamente las documentos oficiales del expediente de adjudicación en 2004 a empresas de la trama Gürtel del montaje del pabellón en Fitur y espectáculos flamencos y ecuestres. En la investigación, los agentes han llegado a la conclusión de que varios documentos del expediente de adjudicación fueron creados varios días y en ocasiones varias semanas después de la fecha que figuras en ellos. Este habría sido el caso del envío del pliego de condiciones a tres empresas para que realizaran sus ofertas: tiene fecha del 9 de enero de 2004, pero dicho documento no existía en esa fecha, sino que fue creado un mes después, el 11 de febrero, según demostraría la huella digital del mismo, lo que técnicamente se denomina metadatos y que es el rastro que dejan en cualquier ordenador las operaciones que se hacen en el mismo para crear un determinado documento. EL CASO YA NO ES RESIDUAL EN ANDALUCÍA Hasta ahora, el grueso del caso Gürtel se centraba en Madrid y Valencia. De forma periférica, había 'tocado' al resto de España. En Andalucía, no obstante, el caso Gürtel era muy residual. Afectaba a los hermanos Galeote en Estepona y a la organización de campañas electorales en Andalucía en los años 2003 y 2004. También y como exsecretario general del PP, a Javier Arenas. Sin embargo, hasta ahora no había un caso Gürtel en Andalucía que estuviese siendo investigando de manera exclusiva por una unidad de la Policía Nacional. Hasta ahora. En un informe fechado el 28 de febrero de 2014 por el inspector Manuel Morocho Tapia, que desde 2008 investiga en exclusiva el caso Gürtel, la UDEF le abrió un nuevo frente al juez Ruz por la contratación, supuestamente irregular y a través de sociedades de Francisco Correa, de los 'stands' del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en Fitur. EL PAPEL DEL JEFE DE PRENSA DE ARENAS Entonces, la UDEF aconsejó al juez que le tomara declaración a Isidro Cuberos, actual consejero del Consejo Audiovisual de Andalucía y el exjefe de prensa de Javier Arenas al que considera como el mediador entre Gürtel y el Ayuntamiento de Jerez y al que le acusa del cobro de enormes comisiones. La UDEF sostiene que Cuberos recibió de las empresas de Correa “elevadas cantidades de dinero por tales trabajos, que se reciben mediante el  pago de una factura emitida por parte de una empresa de su propiedad (Cuberos Comunicación SL), a nombre de Special Events, SL”. En su informe de 54 páginas la Policía Nacional también cita a las personas que considera "intervinientes en el procedimiento formal de adjudicación" de la instalación de los 'stands' de Fitur del año 2004 a empresas de la Gürtel. Entre ellas, destaca la que hoy sigue siendo alcaldesa y senadora por el PP, María José García Pelayo. En el informe policial también aparecen los nombres del que era secretario del Instituto de Promoción y Desarrollo de Jerez en 2004, Manuel Báez, y el teniente de alcalde Bernardo Villar. En el último informe de la UDEF se detalla que los agentes se han topado con estos contratos al cruzar la documentación que obtuvieron de dos registros, el llamado R-5 y el R-13 bis. El primero corresponde con el registro en el considerado como cuartel general de la Gürtel en la calle Serrano número 40 de Madrid y el segundo con el realizado en un polígono industrial de las afueras de la capital de España. Al cruzar datos de estos registros, los agentes han determinado que las empresas de Correa también pasaron Despeñaperros para realizar negocios a costa de administraciones públicas gobernadas por el PP donde, supuestamente, inflaron las facturas para posteriormente repartir suculentos dividendos. TAMBIÉN SE INVESTIGA UN ANÓNIMO El juez no solo dispone de los informes de la UDEF. También dispone de un dossier en soporte papel y digital que le fue remitido desde Jerez de la Frontera con cuantiosa información sobre la alcaldesa y senadora del PP María José García Pelayo que le ha permitido reactivar la investigación de la rama andaluza de la trama Gürtel. El juez no ha dudado en incorporar este sustancioso anónimo a la pieza separada que abrió el pasado mes de marzo sobre la trama Gürtel y las contrataciones que en 2004 se sucedieron en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. El propio Pablo Ruz dictó una providencia en la que ordenaba dar traslado del contenido de estos dos anónimos, que llegaron a su juzgado "en sobre cerrado" el pasado 15 de diciembre, al Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que desde hace casi un año investiga la proliferación de la trama Gürtel en Andalucía. Además, y como novedad, Ruz también le manda una copia de este anónimo a la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El contenido del sobre cerrado, que contenía cuantiosa documentación y un "pen-drive" repleto de archivos, es aún secreto, pero ya está en poder de la Policía Nacional. Según ha podido saber este periódico, a las 10.30 del pasado 17 de diciembre su contenido fue volcado en los ordenadores de los policías ante la presencia del secretario de Pablo Ruz. Aunque sea secreto, el contenido del 'dossier' causó un fuerte impacto en el juez Pablo Ruz, debido a la rapidez con la que ordenó las distintas actuaciones judiciales. El mismo día en que recibió el anónimo, referido fundamentalmente a la alcaldesa, María José García Pelayo, dictó la providencia. Dos días después, los policías estaban en su despacho analizando el contenido del mismo.