Como ha informado en distintas ocasiones la ex alcaldesa de Jerez hasta el sábado pasado, María José García Pelayo, estaba siendo investigada por un posible caso de corrupción en el ayuntamiento de Jerez relacionado con contratos a la red "Gürtel". En este caso está implicado también el ex jefe de prensa y amigo de Javier Arenas, Isidro Cubero.

Intento de anular la acción de la justicia
También informamos de como la acción de a justicia se había intentado esquivar y dilatar con acciones legales desde el ayuntamiento. En concreto se había pedido el archivo del caso, por el que se dieron de manera irregular concesiones a una de las empresas de Correa. El juzgado dictaminó finalmente que no habían prescrito los supuestos delitos de los que se excusa a la actualmente senadora.

Prevaricación con "groseras ilegalidades"
Hoy se ha conocido que el juez de la Audiencia Nacional observa indicios de un delito de "prevaricación continuada" por las "groseras ilegalidades" cometidas por la exalcaldesa de Jerez y senadora del PP al contratar a la Gürtel, y remite esta pieza al Supremo para su investigación

Investigar a García Pelayo
El juez José de la Mata ha pedido al Supremo que investigue a la exalcaldesa de Jerez y senadora del PP María José García Pelayo por un delito de prevaricación continuada por supuestas irregularidades en las adjudicaciones a empresas de la de trama Gürtel de eventos de FITUR 2004.

Elevado al Supremo
El juez de la Audiencia Nacional ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo para que se haga cargo de esta investigación al ostentar García Pelayo actualmente la condición de aforada como senadora, arrastrando con ella al alto tribunal a otros siete imputados en esta pieza separada del caso Gürtel.



Indicios de responsabilidad penal
De la Mata considera que existen indicios de responsabilidad penal en la exalcaldesa por "groseras irregularidades" en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004.

Adjudicación de stand en Fitur
Los expedientes presuntamente tramitados de forma irregular fueron el relativo a la adjudicación del stand de FITUR 2004, el de acondicionamiento para un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de la capital.

Ilegalidades de manera "evidente, flagrante y clamorosa"
De la investigación se desprende que los expedientes investigados se tramitaron incumpliendo los estatutos y sin ser aprobados por el Consejo Rector sino directamente por la exalcaldesa. Para el juez "todos estos actos y decisiones (...) trascendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (...) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso".

"Toda la actuación desarrollada por la persona aforada con la participación directa del resto de imputados fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas", destaca el juez.

"Confabulación para contratar"
Considera De la Mata que todos los imputados, entre ellos el que fuera director del IPDC José Enrique Agüera , "se confabularon para adjudicar los contratos a las empresas que previamente habían decidido", por lo que entiende que los hechos no se pueden desligar y deben ser juzgados por un mismo órgano, en este caso el Supremo al haber una persona aforada.

Francisco Correa y Jerez
En el caso de la adjudicación del stand del Ayuntamiento de Jerez para la Feria de Fitur 2004, el juez relata que participaron personas y empresas vinculadas al considerado cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa, efectuando gestiones, contratación y pagos a proveedores con anterioridad al procedimiento formal de contratación.

Empresas de la trama
Las mercantiles de Correa -Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio- elaboraron su documentación administrativa para presentarla a los concursos de los que resultaron adjudicatarios, cuando ya los trabajos se habían realizado "y transcurrido casi un mes desde su finalización". De ello se deduce que el órgano contratante no disponía de la documentación con carácter previo a la ejecución del procedimiento administrativo de contratación y adjudicación.

Pese a ello, indica el juez, la presidenta de IPDC y exalcaldesa de Jerez "aprobó lo pliegos de las cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas; dispuso la apertura del procedimiento negociado sin publicidad" y adjudicó los contratos a Special Events por 162.806 euros, a Teleanuncio por 141.364 y a Down Town Consulting por 39.366 euros.

Aprobación personal de la alcaldesa
Tras exponer estos hechos, el juez de la Mata detalla todos los indicios recabados contra la exalcaldesa, que debió conocer que el competente para aprobar estos contratos era el consejo rector y no ella. Aun así, añade, "aprobó personalmente, con conciencia de su falta de competencia, los concursos, los pliegos y la adjudicación de los contratos. Con posterioridad a la prestación del servicio por las empresas, consciente de que no era suya la competencia, sometió el asunto a la ratificación del Consejo Rector".

Correos electrónicos intervenidos a la red Gürtel
Según explica el juez, la entonces alcaldesa conoció que todos los documentos presentados por las empresas y los propios documentos administrativos "se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a las que se hizo constar en los mismos", lo que considera probado a través de correos electrónicos intervenidos a integrantes de la red Gürtel.

Delitos
De la Mata tipifica los hechos como un delito de prevaricación continuada en tanto todas la resoluciones administrativas investigadas eran falsas, se firmaron con posterioridad a las fechas que figuran consignadas en las mismas y no se correspondieron en absoluto con la realidad de expedientes administrativos reales.