Era lo que esperaban las partes, aunque no todas estén de acuerdo con la medida. El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el llamado 'caso Romanones' por supuestos abusos sexuales a menores cometidos presuntamente por sacerdotes, ha declarado prescritos todos los delitos que se le imputaban a los 12 denunciados excepto uno, de manera que sólo continuará la causa contra el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C. Concretamente, se declaran prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares. No obstante, la medida será con toda seguridad recurrida por las acusaciones, aunque no así por la fiscalía, que ya propuso esa prescripción. Sin embargo, el titular del Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, acuerda mantener la imputación contra el presunto líder por los hechos presuntamente cometidos por él mismo sobre el primer denunciante --que llevó su caso ante el Papa Francisco-- porque podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con pena de prisión de cuatro a diez años, y en su mitad superior, según consta en el auto de fecha 14 de febrero, al que este lunes ha tenido acceso Europa Press. El juez aclara en su resolución que la aplicación de la prescripción no se aplica "a capricho o arbitrio judicial", sino que es "de obligado cumplimiento, si concurren plazos y requisitos legales". Y en este caso, como señala en el auto, los delitos de abuso sexual, agresión sexual o exhibicionismo se prolongaron en su comisión, indiciariamente, desde el año 2004 a 2007, por lo que determina "obligatoriamente la aplicación de los plazos de prescripción establecidos en el código penal vigente en ese periodo de tiempo". En este sentido, respecto a once de las personas a las que se investigaba en esta causa, los delitos continuados que se les imputa --abusos sexuales sin introducción, exhibicionismo o encubrimiento-- corresponderían penas que con sus agravantes no superarían los tres años de prisión por cada tipo. Así, desde que se produce la mayoría de edad del principal denunciante (enero de 2008) hasta que se incoa el procedimiento en noviembre de 2014 "han transcurrido en exceso los tres años previstos en la ley como plazos de prescripción para dichos delitos". Así, señala el auto, "por imperativo aplicativo de la Ley Penal procede declarar prescritos" dichos delitos respecto de once de los imputados. En cuanto a los hechos presuntamente cometido por el otro imputado, Román M.V.C., podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con introducción de miembro corporal por vía anal y prevalimiento, castigado con penas de prisión de cuatro a diez años. En ese caso, el plazo de prescripción sería de diez años, por lo que dicha conducta y delito no estaría prescrito. Por otra parte, el juez también contesta a las peticiones de sobreseimiento de los imputados y considera que "no ha lugar a acoger dichas causas de archivo de la causa en cuanto al fondo de los hechos, sin perjuicio de la aplicación expuesta de la prescripción, que no supone la declaración de inexistencia de pruebas de indicios de comisión". SATISFACCIÓN EN LA DEFENSA El abogado que representa a los sacerdotes que fueron denunciados por abusos sexuales a menores se ha congratulado este lunes de que el juez haya declarado prescritos todos los delitos que se le atribuían a los imputados, excepto uno de ellos, pero ha considerado que esta decisión debería haber sido adoptada "antes" teniendo en cuenta la trascendencia mediática que ha tenido este asunto. En declaraciones a Europa Press, el letrado, Javier Muriel, ha mantenido además que el único imputado que deja el juez, el padre Román M.V.C., considerado el líder del llamado grupo de 'Los Romanones', sigue manteniendo su inocencia "sin género de duda". "Los hechos denunciados ya eran conocidos por las fuerzas investigadoras hace tiempo y debería haberse adoptado esta prescripción con bastante antelación", ha considerado el abogado, que se ha alegrado de que el fiscal del caso y el juez hayan compartido su postura sobre la prescripción, como ya hizo constar en su escrito de alegaciones enviado al Juzgado hace unos días. En lo que respecta a un posible recurso, en tanto que las actuaciones continuarán contra uno de sus clientes, ha indicado que aún tiene que estudiar el contenido del auto en su totalidad para tomar una decisión al respecto. RECURSO DE LA ACUSACIÓN El abogado del primer denunciante, que llegó a llevar su caso ante el Papa Francisco, el letrado Jorge Aguilera, también ha dicho a Europa Press que aún no ha podido estudiar en profundidad la resolución, aunque ha avanzado que, una vez que hable con su cliente, "casi con toda seguridad" planteará un recurso en el plazo establecido por el magistrado Antonio Moreno, de tres días para recurso de reforma y de cinco para apelación. Por su parte, la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), personada como acusación popular en el caso, tiene igualmente que analizar el auto, aunque ya ha anunciado que si hay posibilidad de recurso "se hará todo lo posible por recurrirlo". Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de Prodeni, Juan Pedro Oliver, que ha recordado que la asociación tiene "una opinión distinta" sobre la prescripción, y pretende llevar esa opinión "hasta el final", porque considera que es lo "justo y lo correcto". EL ORIGEN DEL CASO El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas. Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados. El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse". El 'caso Romanones' también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia.