El juez Álvaro Martín ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo día 16 de marzo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juez que instruye las seis primeras piezas del caso ERE ha citado a declarar el próximo día 16 de marzo a los dos expresidentes de la Junta en calidad de investigados --lo que antes se conocía como imputados--, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Ambos expresidentes están acusados de prevaricación, lo que en el peor de los casos entrañaría una condena de inhabilitación para cargo público, un destino personal que su partido y ellos mismo tienen descartada desde hace tiempo. Ambos renunciaron a sus actas de diputado Chaves y de senador Griñán presionados por la dirección tanto andaluza como federal del partido. El juez del caso es representante en Andalucía occidental de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pero nadie ha formulado ningún reproche político contra él porque ha hecho un trabajo eficiente y discreto como juez de apoyo. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificaba semanas atrás el acuerdo de distribución de cometidos diseñado conjuntamente por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, para que fuera el juez de refuerzo de éste órgano, Álvaro Martín, quien instruyera las seis primeras piezas del caso de los ERE irregulares, entre las que se encuentra la del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas abierta contra 51 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. EL MAZAZO DEL 25 DE JUNIO Aunque en términos estrictamente jurídicos todo seguía siendo muy provisional, el mazazo político fue de unas dimensiones extraordinarias. El magistrado instructor de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, coincidía con su colega Mercedes Alaya y con la Fiscalía Anticorrupción al considerar que existían indicios sólidos de que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros y diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera pudieron un delito de prevaricación administrativa por la concesión de ayudas millonarias a empresas en crisis a través de un procedimiento administrativo que pudo ser ilegal. La senadora y exconsejera Mar Moreno quedaba exculpada. En principio, el caso de Griñán podía ser distinto a efectos procesales ya que cuando Barreiro dictó su auto él ya había renunciado a su acta de senador; sin embargo, el juez entendió que su causa no debía separarse de la de los aforados. Para Chaves, Viera y Zarrías el juez elevaba una exposición motivada a la Sala que admitió en caso, que actuaría de mero correo para tramitar el preceptivo suplicatorio ante el Congreso de los Diputados, necesario para continuar el procedimiento contra ellos.