Los primeros compases de la sesión con el primer compareciente ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en los cursos de formación han sido de guante blanco. Los parlamentarios de los cuatro grupos han preguntado con exquisito respeto al interventor provincial de la Junta en Almería, Juan José Castillo Gualda, que admitía en su alocución inicial sentirse nervioso y algo incómodo en un trance que era el primero de ese tipo al que se enfrentaba en su vida. El compareciente respondió con sencillez, claridad y verosimilitud a las preguntas de la comisión. Además de denunciar la falta de medios personales que padece la Intervención y que desde 2011 se producía un "atasco" en la tramitación de los expedientes, el interventor Juan José Castillo ha decepcionado a quienes esperaran obtener rendimiento político con su comparecencia. El funcionario recalcó que, al menos en Almería, no se ha producido menoscabo de fondos públicos a cuenta de los cursos de formación ya que cree que los expedientes "siguen vivos". Además, ha precisado que el órgano gestor de las subvenciones "cumplió con sus recomendaciones". Preguntado por el parlamentario popular Jaime Raynaud si pensaba que los expedientes revisados habían prescrito y, por tanto, iba a ser imposible recuperar el dinero en caso de irregularidades, el interventor ha afirmado que no creía que hubiera prescrito "ningún expediente". Castillo también ha defendido el rigor y exhaustividad de los protocolos del control financiero permanente a que eran sometidos los expedientes de formación. Asimismo, el interventor de Almería ha rehusado pronunciarse sobre las preguntas planteadas por el PP-A acerca de la investigación judicial sobre este caso y ha asegurado que no tiene "ningún pronunciamiento" al respecto y que serán "otras instancias" las que tendrán que responder sobre este asunto en el órgano parlamentario. El PP también le preguntó su opinión sobre las "exoneraciones masivas decididas por la Junta de Andalucía", a lo cual Castillo se limitó a decir que estimaba que debieron realizar conforme a la legislación y que no podía hacer una valoración al respecto. NORMATIVA MEJORABLE Por su parte, la interventora de la Junta de Cádiz, Nieves Chao Serrano, ha afirmado este viernes que la normativa de la administración para controlar los fondos de los cursos de formación era "muy mejorable", aunque ha garantizado que no ha detectado irregularidades que fueran susceptibles de elevarse a un órgano judicial durante la revisión de los expedientes. Chao Serrano, que ha sido la segunda compareciente de la comisión de investigación, ha explicado que no hay menoscabo de fondos públicos "mientras que esté abierta la posibilidad de reintegro" y ninguno de los 12 expedientes que ha analizado han prescrito hasta el momento. Durante su intervención, la interventora de la Junta en Cádiz ha denunciado que durante la elaboración del informe especial sobre las ayudas a la formación no se le facilitaron las herramientas necesarias por parte de la administración autonómica, en lo que se refiere al personal especializado. "Vino personal nuevo con mucha voluntad, pero especializado, solo yo", ha advertido. También ha relatado Chao Serrano que la documentación de los expedientes que les llegó era "amplísima", no estaba en formato digital, y sí "totalmente desordenada", lo que les dificultó en gran modo el trabajo a realizar. De hecho, hubo documentos que no pudieron encontrar, "aunque puede que estuvieran", poniendo como ejemplo los partes de firmas de los alumnos.