El primer teniente de la alcaldesa de Cádiz y consejero de Zona Franca por el PP, Ignacio Romaní, ha eludido hoy declarar como imputado en el "caso Quality Food" ante el juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, al que ha pedido que aclare antes de que le acusa porque se siente, además de "asombrado", "indefenso".

Cambia de testigo a imputado
A su salida del juzgado, el edil popular ha explicado que ha pedido a la jueza que espere a que la Audiencia Provincial de Cádiz resuelva el recurso que ha presentado contra el auto que cambió su condición de testigo por la de imputado y en el que pide "que se aclaren los motivos" de este paso.

Compra de 5,2 millones a un un ex dirigente de NNGG
El concejal ha presentado este recurso porque se considera "indefenso" ya que "a día de hoy sigo sin saber de qué se me imputa y si se me acusa de algo", ha explicado. El concejal fue citado a declarar como imputado por su participación en el 2003 en el comité ejecutivo de la Zona Franca de Cádiz en el que se decidió que el consorcio público comprara el 52 por ciento de la empresa de elaboración y distribución de comida precocinada Quality Food, fundada por Manuel García Gallardo, un ex dirigente local de Nuevas Generaciones del PP.

5,4 millones de euros
Según el juzgado, la Zona Franca tras una lista de créditos, préstamos y avales millonarios a esta empresa, decidió adquirirla abonando más de 5,4 millones de euros, frente a los 1,4 que hubiera tenido que afrontar con una "valoración independiente" del valor de las acciones de una firma que entonces tenías ya unas pérdidas de cerca de seis millones de euros.

El único imputado
Ignacio Romaní ha explicado hoy que aquella decisión se tomó en un comité que es "un órgano colegiado" en el que están representadas distintas administraciones e instituciones y ha apuntado que no entiende por qué es él el único que ha sido imputado.
Además ha insistido en que él, como el resto, votó "la propuesta del abogado del Estado", que era quien asesoraba a la Zona Franca de Cádiz.

Vuelco en el caso
El "caso Quality Food" dio un vuelco el año pasado cuando la Abogacía del Estado presentó al juzgado un informe que apuntaba al ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, como presunto responsable de la malversación de caudales públicos, a pesar de que fue él quien denunció los hechos dentro de lo que entonces enmarcó como un engaño de García Gallardo, otro de los imputados en la causa.

Complicación sorpresiva
Ignacio Romaní ha dejado caer hoy que uno de los motivos por los que este proceso iniciado hace siete años se ha complicado "sorpresivamente" es la "confrontación del abogado del Estado y Miguel Osuna" por motivos "que son anteriores y que además no son profesionales".

Declarará "las veces que haga falta"
El concejal popular ha señalado que declaró como testigo este verano durante tres horas y que comparecerá ante el juzgado "todas las veces que haga falta" para que se aclare la situación, a pesar de sentirse "asombrado" por el cariz que ha tomado el proceso.

Asombrado de la situación
"Me siento tranquilo, un poco a la expectativa y un poco asombrado de esta situación. Yo fui uno de los que impulsó que se llevara al señor Gallardo ante la justicia y me veo en el mismo espacio que él, no lo entiendo", ha añadido. Romaní ha asegurado que, según el sumario, "nadie en ningún momento me acusa de nada, ni habla de mi en el proceso".

Estrategia para su imputación
Ha apuntado que su imputación puede ser "una estrategia" de García Gallardo "para intentar engordar la pelota" y "quedarse más cómodo" porque "de hecho ahora se habla mucho menos" de él. En su opinión si todo esto forma parte de una estrategia "mediática", tendrá "un recorrido muy corto".

Declarar "después de diez años"
Para Ignacio Romaní "no tiene mucho sentido" venir a declarar "después de diez años" aunque entiende que la jueza quiera aclarar lo ocurrido y quiere que se garanticen también sus derechos porque esta situación "me está perjudicando públicamente bastante". Quien sí ha declarado hoy como imputado es el director general de la Zona Franca de Cádiz, José Manuel Fedriani.

Según fuentes jurídicas, su declaración ha dejado claro el "amplio papel protagonista y de control" de la Zona Franca de Cádiz que ejercían tanto él como Miguel Osuna.