El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha asegurado que el Gobierno andaluz "está efectuando una acción firme y determinante en la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos y de los intereses de Andalucía, desde una plena vocación de lealtad institucional". Ante el Pleno del Parlamento, el consejero ha asegurado que se están utilizando "todos los medios e instrumentos a su alcance, cuando las decisiones del Gobierno Central están discriminando a Andalucía, por iniciativas que chocan frontalmente con el contenido de nuestro Estatuto o con el modelo social en el que cree esta tierra".

"Impuestas" por el Gobierno de Rajoy
Por este motivo, ha explicado que, en las últimas semanas, el Gobierno andaluz se ha visto "obligado" a interponer recursos ante el Tribunal Constitucional ante leyes básicas "impuestas por el Gobierno de la nación y sin negociación". Concretamente, el consejero se ha referido a los recursos presentados contra la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que "vulnera claramente el principio de seguridad jurídica e invade competencias de la comunidad autónoma", o frente a la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), "que va contra el principio de acceso a la educación en igualdad de condiciones".

"Inaplicable"
Asimismo, Jiménez Barrios ha defendido el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta contra la Ley de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que "se arroga indebidamente la atribución de retener recursos financieros de las comunidades autónomas, vulnera los principios de autonomía financiera y el Estado interviene los los presupuestos de las comunidades autónomas", o contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que, en su opinión, "es inaplicable" y que "pretende una recentralización y control por parte del Ejecutivo nacional".