Más allá de lo que finalmente puedan decir los órganos parlamentarios tras conocer los informes jurídicos pertinentes, el Gobierno andaluz decide moverse y modular el rechazo inicial del Grupo Socialista a determinadas iniciativas legislativas de la oposición, lo cual ha desencadenado gruesas acusaciones de esta contra la mayoría gubernamental. Los matices se conocieron ayer. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes no oponerse a la tramitación de la proposición de Ley registrada por Podemos en el Parlamento autonómico sobre emergencia ciudadana, aunque no comparte su contenido y pedirá que sea rechazada por la Cámara porque contiene "importantes contradicciones legales". Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que, por el contrario, ha rechazado la tramitación de la proposición de Ley sobre el impuesto de hidrocarburos presentada por el PP-A por no incluir "valoración económica" y suponer una "bajada en los ingresos" de la comunidad autónoma, afectando "directamente" al presupuesto. Esta decisión del Consejo de Gobierno se produce tras la polémica vivida en el Parlamento andaluz durante las últimas semanas por la no tramitación de dos proposiciones de Ley de Podemos y PP-A sobre cuentas abiertas y rebaja fiscal, respectivamente, merced al voto contrario del PSOE-A y la abstención de Ciudadanos en la Mesa de la Cámara. El portavoz ha señalado que la iniciativa de Podemos sobre emergencia ciudadana y la del PP-A sobre el impuesto de hidrocarburos son de "naturaleza distinta", ya que la primera plantea un asunto "más tangencial" y afecta más a los procedimientos, aunque podría tener cierta incidencia en los presupuestos en un momento dado, pero la del PP-A "toca directamente" las cuentas de la comunidad. Ha incidido en que la iniciativa popular no presenta una memoria económica ni unos criterios razonados sobre los efectos que tendrán en los ingresos públicos de la Junta para el ejercicio de 2016. Tras recordar que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió a una devolución progresiva, a lo largo de la legislatura, del impuesto de hidrocarburos, Vázquez ha indicado que el PP-A tiene una "oportunidad de oro" para presentar sus propuestas sobre impuestos como enmiendas al presupuesto de la comunidad del próximo año. En cualquier caso, el portavoz ha señalado que, al margen del pronunciamiento del Ejecutivo, la Mesa de la Cámara tiene que decidir si se da luz verde o no a la tramitación de las iniciativas. 'YA SE ATIENDEN LAS NECESIDADES BÁSICAS' El pronunciamiento del Consejo de Gobierno sobre la iniciativa de Podemos, cuya tramitación no ha rechazado pero sí se opone a la toma en consideración por el Pleno de la Cámara, recoge que dicha propuesta se limita a abordar aspectos procedimentales de unas medidas que la administración autonómica ya está ejecutando desde hace años para atender las necesidades básicas de personas y colectivos sociales más vulnerables a la crisis económica, como planes extraordinarios para garantizar suministros mínimos vitales, prestaciones de urgencia sociosanitaria y programas de solidaridad y garantía alimentaria. El Consejo de Gobierno señala que algunos de los artículos del texto presentado no sólo no ayudan a agilizar los procedimientos sino que limitan o prohíben posibilidades administrativas para atender casos urgentes. En este sentido, destaca que la pretensión de imponer condiciones especiales al ejercicio de funciones ya existentes puede dificultar su aplicación en aspectos esenciales --y previstos en la legislación vigente-- vinculados con pagos urgentes, provisiones excepcionales de medios o utilización de los recursos humanos de la administración. Según el Ejecutivo andaluz, la propuesta de Podemos supone el uso indebido de una norma con rango de ley para regular medidas que pueden abordarse, como de hecho ya sucede por su naturaleza de actos administrativos, mediante decretos, órdenes e incluso instrucciones. Esto implica una suplantación de la función ejecutiva del Gobierno por el poder legislativo. EL OLVIDO DE LOS MUNICIPIOS De igual modo, el Consejo subraya que la proposición de ley olvida el papel esencial que juegan las administraciones locales en los planes para reducir el riesgo de exclusión, dado que los servicios sociales comunitarios de gestión municipal son la puerta de entrada al sistema de prestaciones sociales por su mejor conocimiento de las necesidades reales de los vecinos. Por el contrario, la propuesta de Podemos, según la Junta, reduce en la práctica al ámbito de la Junta la aplicación de las medidas de emergencia, obviando la decisiva participación de los ayuntamientos y las diputaciones en el diseño de las mismas. Finalmente, para el Ejecutivo andaluz, la propuesta incorpora una aplicación indiscriminada de la posibilidad de aplicar la urgencia de pago, fórmula que puede afectar a otras partidas y, por tanto, restringir injustificadamente la adecuada ejecución del presupuesto de la comunidad autónoma que aprueba el Parlamento. NO A LA INICIATIVA DEL PP Respecto a la proposición de ley del PP-A, el Consejo de Gobierno señala que el texto plantea reembolsar a los transportistas profesionales las cuotas satisfechas por el tributo en su tramo autonómico, pero no contiene una valoración económica ni una memoria razonada de las consecuencias que la medida tendría por la disminución de ingresos públicos del presupuesto de la comunidad para 2016. Al margen del rechazo por este motivo concreto, el Gobierno andaluz es favorable a adoptar en la presente legislatura una medida similar a la planteada, así como a introducir cambios en otras figuras tributarias siempre que se garantice el sostenimiento de los gastos públicos en el marco de los objetivos de déficit y deuda pública de la comunidad autónoma, según ha explicado Vázquez. El reglamento de la Cámara andaluza establece que el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración y a la tramitación de una proposición de ley si implica un aumento de créditos o una disminución de ingresos presupuestarios.