¿Puede acusarse a un trabajador de que la empresa que lo contrata pague su nómina con fondos obtenidos irregularmente mediante la emisión de facturas falsas a una empresa pública? Sí, si las cantidades cobradas en principio ilegalmente y pagadas en principio legalmente coinciden; sí, si el contrato fue simulado y el trabajador no llegó a hacer realmente el trabajo para el que supuestamente fue contratado. Es lo que piensan la Fiscalía y la Guardia Civil que hizo el dirigente socialsita sevillano Carmelo Gómez, que siempre ha sostenido que su contrato y su trabajo fueron perfectamente legales y reales. El caso va ahora camino del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La solicitud de imputación –que era la terminología utilizada en ese momento– fue formulada por la Fiscalía Anticorrupción en octubre del año pasado al entender, al hilo de las investigaciones de la Guardia Civil, que hubo irregularidades en el cobro de casi 8.400 euros por parte del parlamentario socialista Carmelo Gómez, contratado por una empresa que habría emitido facturas falsas a la lonja sevillana Mercasevilla con cuyo importe habría pagado las nóminas de Gómez, del exconcejal del PSOE José Antonio García y de María del Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas. En total, "unos 70.000 euros indebidamente pagados con fondos públicos".

Una complicación política

Ahora, la juez María Núñez Bolaños ha elevado al TSJA una exposición razonada para que el alto tribunal investigue al parlamentario andaluz y miembro de la Ejecutiva Regional en relación al delito societario de Mercasevilla por ese "supuesto pago" de 8.390,55 euros, abonados por Maginae Solutions, empresa propiedad de un cuñado del conseguidor en el caso de los ERE Juan Lanzas.

Políticamente el caso supone una complicación para la presidenta andaluza Susana Díaz, ya que la carrera política de Gómez en el PSOE sevillano ha estado muy vinculada a la suya y además la propia secretaria general del PSOE-A puso muy alto el listón de las dimisiones al situar la línea roja en la imputación -hoy investigación- y no en la apertura de juicio oral, todavía muy lejos en el caso del parlamentario y miembro de la Ejecutiva Regional. 

Los argumentos de Gómez

Tras la solicitud de la Fiscalía ahora respaldada por la juez, Gómez negó rotundamente haber cobrado de Mercasevilla y pidió a la juez María Núñez –aunque sin éxito a la vista de lo conocido hoy– que no elevara exposición razonada al TSJA. En el escrito remitido a la juez Núñez, la defensa de Gómez criticaba la "forzada aparición" de su cliente "en uno de los últimos autos dictados por la anterior titular", en alusión a Mercedes Alaya, y lamentaba la "artificiosa vinculación" del parlamentario socialista con Mercasevilla, de la que "nunca fue empleado”. 

En aquel escrito, la defensa del dirigente socialista sevillano también extendía sus sospechas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por “fabricar o construir la idea del supuesto pago por Mercasevilla de las nóminas [mediante el] falso silogismo siguiente: si Carmelo Gómez fue empleado de Maginae Solutions y esta mercantil recibió fondos de Mercasevilla, ergo, Maginae Solutions le pagó sus nóminas con fondos de Mercasevilla". La UCO habría interpretado "de forma artificiosamente aislada" los fondos que recibió Maginae Solutions de Mercasevilla, "olvidando, omitiendo u ocultando” que, aun siendo cierto que esta empresa recibió fondos de la lonja municipal, "también lo es que recibió fondos de otras muchas fuentes, como la propia UCO conoció e identificó".

Los argumentos de Núñez

Atendiendo a la petición realizada a tal efecto por la Fiscalía de Sevilla, Núñez considera en cambio que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación "derivado de la firma de contratos", de un delito de malversación de caudales públicos "derivado de los distintos actos de disposición realizados sin control ni causa legítima" y de un delito de falsificación de documento mercantil "derivado de la confección, presentación y pago de las facturas".

La juez pide al TSJA que investigue tanto a Carmelo Gómez, dada su condición de aforado, como a otras seis personas no aforadas ya imputadas en la causa: Juan Lanzas, su cuñado Ismael Sierra, el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, el exconcejal José Antonio García, María del Carmen Rodríguez, nuera de Rivas, y el asesor fiscal de Lanzas, José Rodríguez López.

Los argumentos de Alaya

El arranque del 'caso del contratado Gómez' partió de un auto dictado el 9 de junio de 2015 por la juez Mercedes Alaya en el que ordenaba a la UCO que informase sobre el "supuesto pago" por parte de Mercasevilla de las nóminas de Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, "aprovechando el entramado empresarial de Juan Lanzas", pues "aparecen dados de alta el primero en 'Maginae Solutions', en 'Al Andalus Mass Media Channel el segundo, y la tercera en dicha entidad y en 'Consulting Social Siemur'".

Según la UCO, "existen indicios suficientes para considerar que Fernando Mellet, en connivencia con Juan Lanzas e Ismael Sierra, con cargo a los fondos de Mercasevilla, abonó 70.024 euros (33.024 más 37.000), importe que prácticamente coincidiría con el importe total de las retribuciones percibidas, en concepto de rendimientos del trabajo y dietas exceptuadas de gravamen, más los costes de Seguridad Social", ascendente a 69.751,41 euros, "de los trabajadores José Antonio García, Carmelo Gómez y María del Carmen Rodríguez".

Indicios razonables

La juez Núñez considera que "existen indicios razonables" para concluir que Juan Lanzas, "en connivencia" con Fernando Mellet, "habrían instrumentalizado el pago de los servicios presuntamente prestados" mediante la emisión de cuatro facturas "amparadas en los dos contratos de servicios firmados" por Maginae Solutions y Mercasevilla.

"Así, se obtendrían los fondos necesarios para luego realizar los pagos a los trabajadores contratados indiciariamente de forma simulada en las empresas dirigidas por Juan Lanzas e Ismael Sierra", asevera la magistrada en la exposición razonada, añadiendo que "no existe indicio alguno que acredite que se desarrollara trabajo efectivo por las personas contratadas".

¿Un caso prescrito?

En el escrito remitido en su día a la juez instructora Núñez, además de recordar “a efectos meramente dialécticos” que en caso de haber habido contrato simulado el caso habría prescrito al haber pasado más de cinco años, la defensa del parlamentario andaluz aseguraba que las actuaciones realizadas en torno al delito societario que se investiga en Mercasevilla acreditaban que su defendido no tenía "ninguna relación con los múltiples, variados, diversos y hasta variopintos hechos incluidos en el difuso y amplísimo ámbito de lo investigado en esa causa penal". Y añadía que Carmelo Gómez "nunca aparece, nadie lo menciona, nadie pregunta por él, no puede encontrarse su nombre en ninguna de las amplísimas investigaciones de los atestados aportados" a la causa.