Hay indicios de toda una serie de "supuestas actuaciones irregulares de saqueo” de la empresa pública ya desaparecida Alcalá Comunicación Municipal (ACM)", incluyendo "irregularidades" con proveedores y clientes, "tales como obligarles a facturas dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado".

Es uno de los argumentos esgrimidos por el juez instructor del caso, Javier Francisco Alba, en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Supremo, competente para decidir si imputa y procesa al exalcalde del municipio y actual diputado del Grupo socialista del Congreso Antonio Gutiérrez Limones. Si el Supremo confirma la imputación –ahora investigación– propuesta por el juez, Gutiérrez Limones seguramente tendría que dimitir.

Viajes y regalos todo gratis

El instructor recuerda que un antiguo contable de dicha empresa municipal reconocía en una grabación clandestina “la realización en el seno de la entidad de una serie de graves irregularidades penalmente relevantes, entre ellas gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta (y exalcaldesa del municipio) Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas". Entre esos pagos figuraría un viaje privado del alcalde y su familia a un parque de atracciones de Madrid en 2007, que costó casi 1.000 euros.

También habría habido un viaje a Puerto Rico del gerente de ACM, José Luis Díaz, y la entonces teniente de alcalde y miembros del consejo de administración de ACM Miriam Burgos, junto a sus respectivas parejas que luego "se justificó contablemente como una imputación de la sociedad Grafisur", cuyo administrador habría admitido "la falsedad de la mencionada factura".

Miró hacia otro lado

En su exposición, el juez sostiene que Gutiérrez Linones mirá hacia otro lado, pues hubo reiteradas advertencias por parte de la Intervención municipal alertándolo de que no disponía de medios para controlar lo que estaba sucediendo en esa empresa: "Todas las irregularidades expuestas anteriormente y las descritas en los atestados de la Guardia Civil fueron dadas a conocer a los órganos superiores de la empresa municipal y eran conocidas por Gutiérrez Limones, tal y como se recoge en la grabación".

ACM nació para gestionar los medios de comunicación municipales, pero su objeto social fue ampliado a "cuantas actividades o servicios que coadyuven a la mejora de la imagen, promoción y desarrollo de la localidad de Alcalá de Guadaíra le sean encomendadas por el Ayuntamiento. Esta modificación, aleatoria e indeterminada del objeto social pudo amparar toda la actuación fraudulenta que es ahora objeto de investigación e infringe la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local".

No se inspeccionaba

La investigación del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil confirmó en su día que el interventor en el Ayuntamiento alcalareño, Francisco de Asís Sánchez-Nieves Martínez, habría reconocido en su declaración como testigo que no se inspeccionaba la contabilidad de las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento, como es el caso de ACM, ni se efectuó el control financiero de la misma, por cuanto era necesario que el Pleno municipal hubiera concretado una norma para llevarlo a cabo, y porque no disponía de medios humanos suficientes. 

El informe policial decía que el interventor envió hasta seis escritos al Ayuntamiento reiterando las necesidades y, por ello, concluía que si el gobierno local hubiera facilitado los medios reclamados por la Intervención “nunca se hubiera llegado a la situación en la que se gestionó y desembocó ACM”.