Una de las herramientas con las que contamos para promover la justicia social y mejorar las condiciones laborales, es el diálogo social. Se trata, de una pieza vital a la hora de fomentar la cooperación y el desarrollo económico, ayudando a crear un entorno propicio para alcanzar el objetivo de trabajo decente. Además, los constantes cambios en el mundo del trabajo hacen que el diálogo social sea más necesario que nunca para el logro de soluciones y el reforzamiento de la cohesión social y un Estado de Derecho. En definitiva, el diálogo social es clave a la hora de atajar los problemas reales que actualmente atravesamos. Como decía, el diálogo y la concertación social, han sido herramientas fundamentales tanto para lograr altos niveles de desarrollo económico, prosperidad y cohesión social en los momentos de bonanza económica, como para amortiguar los efectos más dañinos de la brutal crisis económica que hemos padecido estos últimos años. En algunas comunidades, como es el caso de Extremadura, la Junta y los agentes sociales y económicos de la región han firmado una Declaración del Diálogo Social, mediante la que se pretende recuperar la concertación y hacer un esfuerzo conjunto en la lucha contra el desempleo. Lo mismo ha ocurrido en Castilla La Mancha, donde se ha rubricado un ‘Acuerdo Marco para la Recuperación Social y Económica’. Lamentablemente, esa buena predisposición no se da en Andalucía ya que el actual Gobierno está obviando la urgencia de reactivar el diálogo social, de impulsar a través de él la generación de riqueza, la creación de empleo, el cambio de modelo productivo, etc., cuestiones tan necesarias y fundamentales para nuestro futuro. Ante este panorama de precariedad y pobreza, es imprescindible que el Gobierno andaluz fundamente sus medidas económicas y sociolaborales en un completo y profundo sistema de diálogo social, pero incompresiblemente, su disposición a recuperarlo brilla por su ausencia. Ningún partido político debe olvidar que todos sus esfuerzos tienen que estar dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las personas. En este sentido, los actores sociales tenemos el desafío y la obligación de crear un marco adecuado para la negociación y lograr compromisos que sean coherentes con la necesidad de impulsar el incremento de la productividad y de mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. En UGT Andalucía, no perdemos la confianza de que con las recientes declaraciones del Diálogo Social firmadas en otras comunidades autónomas, se cumpla ese refrán que dice que “si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar”, y en nuestra tierra se actúe con la responsabilidad que la situación exige y el actual Gobierno retome la senda del diálogo. (*) Carmen Castilla es secretaria general de UGT Andalucía