El conocido como "Caso Romanones", en el que se investigan supuestos abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes en Granada, retomará a partir de esta semana su actividad judicial, con una comparecencia pericial y con el fallo de la Audiencia de la posible prescripción de algunos de los delitos.

Ampliación de informes
El próximo jueves, 10 de septiembre, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, encargado de la investigación, ha citado a un perito de la defensa para que aclare o amplíe un informe emitido sobre otros informes de la Unidad de Análisis de Conducta de la Policía. En las actuaciones obran dos informes, uno que consideró "altamente honesto" el testimonio del joven que, con su denuncia, dio origen a la instrucción de la causa, y otro que, por contra, ve "deshonesto" el testimonio del padre Román, considerado cabeza del grupo de "Los Romanones" y principal imputado en esta causa.

Prescripción de la causa
Por otra parte, el martes 15 de septiembre tiene previsto reunirse la Sección Primera de la Audiencia de Granada para votar y fallar sobre la prescripción de la causa para once de los doce imputados y algunos de los delitos imputados al padre Román. El tribunal provincial deberá decidir si han prescrito los supuestos abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes, investigados desde octubre de 2014, como consideró el juez instructor Antonio Moreno en contra de la postura de la acusaciones particular y popular.

Recursos de las acusaciones
El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada acordó en febrero que la investigación judicial de la causa continuara solo contra el padre Román al considerar que los delitos contra el resto de los once imputados habían prescrito. Coincidió así con las alegaciones efectuadas por la Fiscalía, que comunicó al juez que consideraba prescritos todos los delitos salvo el de abuso sexual con penetración y prevalimiento imputable únicamente al padre Román, lo que provocó los recursos de las acusaciones particular y popular que analizará la Audiencia.

Llamada del Papa
la investigación judicial se inició después de que el primero de los dos denunciantes, un joven que ahora tiene unos 24 años, pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía en octubre del año pasado. Lo hizo tras recibir en agosto la llamada del Papa, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió relatando los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17 años.

Imputados diez sacerdotes y dos seglares
En la causa fueron imputados de manera inicial diez sacerdotes y dos seglares con diferentes grados de presunta autoría, a través de una participación necesaria, cooperación o encubrimiento. La investigación judicial arrancó a mediados de octubre de 2014 con la denuncia de la primera de las dos víctimas, lo que provocó que la Policía Nacional detuviera en noviembre a tres sacerdotes y un laico, que quedaron en libertad con cargos después prestar declaración. El principal imputado, el padre Román, abonó entonces los 10.000 euros de fianza que le había impuesto el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada.