La acusación del ‘caso romanones’ ha pedido al Juzgado que practique las diligencias necesarias para investigar la “posible existencia de un grupo organizado para delinquir, específicamente para la comisión del delito de corrupción de menores”, compuesto por los diez curas investigados por supuestos abusos sexuales y los dos laicos. La petición se ha realizado a la vista del contenido del expediente canónico remitido al Juzgado de Instrucción número 4 por el arzobispo de Granada, Javier Martínez, tras múltiples requerimientos judiciales. Martínez se negó de manera reiterada a enviar al juez la copia íntegra de las actuaciones realizadas por la Iglesia con el pretexto de que estaban bajo secreto pontificio, algo que en ningún momento ratificó la Congregación para la Doctrina de la Fe. La documentación correspondiente a las actuaciones preliminares de la Iglesia pone de manifiesto que el arzobispo consideró desde el primer momento que los siete diocesanos del grupo de los ‘romanones’ que siguen ejerciendo funciones pastorales eran cómplices de los supuestos abusos sexuales. En octubre del pasado año, Martínez suspendió ‘a divinis’ a tres de los diez sacerdotes investigados como presuntos autores de los abusos, pero no adoptó ninguna medida contra los otros siete a pesar de que el propio arzobispo entendía que se habían convertido en cómplices. Así consta en una comunicación que el arzobispo envió el 30 de octubre de 2014 al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, junto a las conclusiones de la investigación previa realizada por la Iglesia, que se limitó a los tres posibles autores de los abusos: el padre Román Martínez, el que fuera juez del Tribunal Diocesano Francisco José Campos y el expárroco de Órgiva Manuel Morales Morales. VÍCTIMAS ANTES QUE VERDUGOS En ese escrito, el propio prelado apunta la conveniencia de “ampliar la investigación al resto del grupo de sacerdotes” que mencionaba el denunciante “y que forman un grupo muy compacto y cerrado”. “Si se confirmaran los presuntos delitos”, decía el arzobispo, “sería posible que al menos algunos de los sacerdotes del grupo pudieran haber sido víctimas, convertidas con el tiempo en cómplices, en mayor o menor grado”. En la misma comunicación, Martínez informa al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe que el sacerdote investigador apreciaba apariencia delictiva en los hechos denunciados por el joven. Pero antes de eso, el 2 de septiembre de 2014, el arzobispo envía un escrito de respuesta al sustituto del Secretario de Estado del Estado Vaticano, que había pedido a Martínez que iniciara las averiguaciones oportunas sobre la veracidad de las acusaciones vertidas contra los tres sacerdotes. En esa fecha ni la Fiscalía Superior de Andalucía ni la Fiscalía Provincial de Granada habían incoado diligencias de investigación y el prelado ni siquiera había iniciado el procedimiento eclesiástico preliminar. Pero Martínez daba por buenas las acusaciones. “Mi impresión inicial es que por desgracia las acusaciones tienen verosimilitud”, afirmaba en el escrito. “La realidad de este grupo de sacerdotes es problemática por diversos motivos y estos dolorosos hechos en el caso de que se confirmen vendrían a explicar algunas características del grupo y a corroborar una actitud de distanciamiento doctrinal y en la pertenencia a la comunión general de la Iglesia, que termina siempre en grave daño para el pueblo cristiano”, agregaba después. UNA ACTITUD VIRULENTAMENTE DEFENSIVA El asunto, añadía Martínez, “es especialmente delicado por tratarse de un grupo numeroso de sacerdotes relativamente jóvenes que se presentan en la diócesis como una comunidad de vida sacerdotal que aunque decididamente hermética, transmite al clero la impresión de una exigencia de radicalidad evangélica y pastoral mayor que la del común del clero”. Y acto seguido explicaba que “los sacerdotes en cuestión están esparcidos por varias parroquias y desproporcionadamente presentes en el Consejo Presbiterial y uno de los acusados directamente es Juez del Tribunal Eclesiástico. También es previsible conociendo su trayectoria una actitud virulentamente defensiva”. Estas comunicaciones, a las que ha tenido acceso andalucesdiario.es, forman parte de la documentación aportada por el arzobispo al instructor, por mandato judicial después de nueve requerimientos, y están contenidas en la pieza separada que el juez declaró reservada a petición del prelado granadino. De los escritos se desprende que Martínez tenía el convencimiento de la autoría del delito de abusos sexuales cometido por al menos tres de los sacerdotes y de la complicidad, “en menor o mayor grado”, del resto de los diocesanos y los dos laicos miembros. También se mostraba convencido de que los diez curas y los dos seglares investigados constituían un grupo organizado, compacto y hermético. Los diez curas y los dos laicos que componen el grupo de los romanones siguen estando imputados hasta que la Audiencia Provincial de Granada resuelva los recursos presentados por las partes.