El alcalde de Chiclana, el popular Ernesto Marín, tendrá que declarar como imputado por malversación y prevaricación al investigar una juez si usó fondos del Ayuntamiento para querellarse contra un rival político. Marín recurrirá el auto de imputación y además asegura que todo es una venganza política. La dirección del partido lo apoya. Los hechos se remontan a 2008, cuando el alcalde se querelló contra el exdelegado de Urbanismo, Joaquín Murciano, por unas licencias supuestamente ilegales y éste a su vez denunció al alcalde por supuesta utilización de fondos públicos y prevaricación por el litigio que mantiene contra él. La denuncia que ha dado pie a este procedimiento, a la que ha tenido acceso Europa Press, se basa en una serie de acuerdos y resoluciones administrativas adoptados por Marín entre el 4 de noviembre de 2008 y el 26 de marzo de 2014 con la supuesta intención de impedir la moción de censura acordada por PSOE, PSA e IU en octubre de 2008. Entre otras actuaciones "prevaricadoras" que atribuye al alcalde, figura decreto dictado, "abusando del cargo que ostenta", para que el Ayuntamiento ejercitase acciones penales contra Muriano en relación a una licencia de obra que "no contaba con informe desfavorable ni advertencia de ilegalidad". Sostiene que el alcalde utilizó "el orden jurídico-administrativo, la personalidad jurídica y los recursos económicos del Ayuntamiento para interponer una querella contra un rival político" por un "interés partidista". UN GASTO DE 50.000 EUROS PÚBLICOS Asimismo, argumenta que las querellas fueron interpuestas "en nombre y representación del Ayuntamiento, pero sin contar con éste", ya que "no consta propuesta de resolución, no consta trámite de audiencia al interesado, no consta petición de dictamen previo a la secretaría general, no consta ningún dictamen jurídico previo a la resolución para la interposición de acciones y no consta notificación personal a Joaquín Muriano". Con todo, relata que el alcalde autorizó gastos a cuenta del Consistorio para llevar a cabo el procedimiento, contratando a un abogado externo al Ayuntamiento, estimando el denunciante que ha incurrido en "una clara malversación". Según sus estimaciones, la cuantía total ronda los 50.000 euros. Una vez terminadas las diligencias previas por parte del juzgado, el Ministerio Fiscal solicitó en diciembre de 2013 el sobreseimiento provisional de la causa contra Muriano al entender que no existen indicios de delito en su actuación. PENA DE BANQUILLO En enero de 2014, el juzgado acordó el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, según el denunciante, Marín adoptó "una nueva resolución prevaricadora" al decidir en abril de ese año que el Ayuntamiento recurriera el auto de sobreseimiento "para dilatar el asunto el mayor tiempo posible". Muriano hace referencia a la "pena de banquillo" que ha soportado como consecuencia de la actuación del alcalde, teniendo que "soportar" que Marín y otros rivales políticos lo "descalificaran" en base a su imputación tras "unas querellas sin fundamente, fabricadas y mantenidas en el tiempo para ello, usando la personalidad y los fondos del Ayuntamiento". Marín asegura estar tranquilo, que ha actuado con transparencia y que está convencido que su obligación fue denunciar algo que consideró injusto para Chiclana. Según indica el Ayuntamiento chiclanero en una nota, Marín ha expuesto que ha tenido conocimiento de su imputación a través de los medios de comunicación, a la vez que ha calificado de "absoluta paradoja" que haya sido imputado "como consecuencia de una denuncia que como alcalde interpuse contra Muriano al comprobar que se habían concedido dos licencias en contra de los informes técnicos", caso que asegura que "aún está pendiente de que se pronuncie la Audiencia Provincial". LAS RAZONES DEL ALCALDE El alcalde dice estar "convencido" de que era su "obligación" denunciar algo que considera "injusto para Chiclana". Asimismo, considera que, de no haber interpuesto la denuncia en 2008, le habrían denunciado "por no haberlo hecho", puesto que "había claros indicios de ilegalidad" en la actuación del socialista. En esta línea, ha manifestado tener la sensación de que "quienes estamos gestionando en las administraciones nos encontramos en una situación complicada, pues si ves algo supuestamente irregular y lo denuncias, puedes recibir otra denuncia a cambio, con el único objetivo de buscar rédito político, tal y como está sucediendo conmigo". Marín ha argumentado que la denuncia presentada por Muriano se debe a una "venganza política", con motivo de la proximidad de las elecciones municipales en mayo. De hecho, ha destacado que "la denuncia se presentó en septiembre de 2014, cuando el tema viene de 2008, si ha esperado hasta ahora es simplemente por hacer daño en plena campaña electoral".