El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha elevado este miércoles a 71,9 millones de euros la cantidad que la Junta reclama en este momento por ayudas a los cursos de formación profesional para el empleo. Durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento para informar sobre el proceso de revisión de expedientes de ayudas que está llevando a cabo la Junta, Sánchez Maldonado ha explicado que la Junta ha finalizado la revisión de 5.300 expedientes (con un importe total de 728 millones), determinando un procedimiento de reintegro firme en 1.013 expedientes, por importe de 71,9 millones, mientras que otros 190 expedientes, por valor de 167,5 millones, se encuentran aún en proceso de reintegro, esto es, que puede exigirse finalmente la devolución o no. MUCHOS LO HICIERON BIEN Asimismo, de los 5.300 expedientes, 4.097, por importe de 485 millones, han sido justificados correctamente, lo que equivale a un porcentaje del 77,3 por ciento del total en número de expedientes, mientras que el porcentaje de fondos justificados correctamente en relación al total de 728 millones ronda el 67 por ciento. El consejero se ha comprometido a continuar con la máxima transparencia y rigor el procedimiento de ordenación y justificación de los expedientes de los cursos de formación profesional otorgados entre 2002 y 2012 y ha pedido colaboración a todos los grupos parlamentarios para concluir su revisión. Ha garantizado que informará de manera regular acerca de la evolución en la justificación de estos expedientes en todas las sesiones ordinarias de la Comisión parlamentaria de Empleo y ha pedido que no se haga una "causa general" sobre estas subvenciones. OBJETIVO: ANALIZAR 8.505 EXPEDIENTES La Junta tiene como objetivo analizar un total de 8.505 expedientes por importe de 1.613 millones de euros de los cursos de formación correspondientes a las convocatorias de 2007 a 2011. Hasta el momento, se han realizado gestiones de tramitación administrativa sobre el 87 por ciento de los expedientes, esto es, 7.427 por un importe de 1.391 millones. Según el consejero, queda por revisar un bloque de 1.077 expedientes por importe de 222 millones de euros, cuyo periodo de justificación por parte de las empresas estaba aún vigente, y otros 2.127, por importe de 662,5 millones de euros, cuya verificación se está llevando a cabo por parte de los funcionarios de la dirección general, y de cuyo resultado se ha comprometido a dar información en el Parlamento. En este proceso de verificación, según ha explicado el consejero, también es reseñable la actualización llevada a cabo en las liquidaciones de los 10 Consorcios Escuela de Formación para el Empleo participadas por la Junta, que culminará con el proceso de integración en la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (Apaef). 134 FUNCIONARIOS TRABAJANDO Sánchez Maldonado ha destacado que en el procedimiento han participado un total de 134 funcionarios, y ha destacado la puesta en marcha de dos planes de choque en los que un total de 87 técnicos se han dedicado de manera íntegra a la gestión de las justificaciones. Durante su comparecencia, Maldonado ha remarcado el cumplimiento estricto y escrupuloso de la Ley de procedimiento administrativo seguido en este proceso de ordenamiento y justificación, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Intervención General de la Junta, y ha defendido que Andalucía debe volver a aplicar las políticas de formación profesional para el empleo, una vez culminado el proceso de revisión y depuración de las acciones desarrolladas en el pasado. En este sentido, Maldonado se ha referido a que la futura Ley de Formación Profesional de Andalucía, que se debatirá en la Cámara andaluza en la presente Legislatura, reforzará los mecanismos de control de las actividades formativas y unificará la regulación de la Formación Profesional Inicial o reglada y de la Formación Profesional para el Empleo, para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral. El texto, según ha incidido el consejero, deberá contemplar la creación del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, con el objetivo de integrar todas las políticas activas en la materia, desde la formación profesional y la orientación, hasta la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. EL PP DEMANDA RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Por su parte, la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero ha criticado la falta de transparencia de la Junta y "la censura que aplica el PSOE-A" para "tapar datos", al impedir que comparezca el interventor general de la Junta para que hable sobre el informe de actuación por menoscabo de fondos en subvenciones en la formación, tras ocho informes provinciales de mayo de 2014 que hablan de "incumplimiento de la ley". Así las cosas, Ruiz Sillero ha pedido al consejero que se asuman responsabilidades políticas y ha recalcado que lo importante es saber "dónde está el dinero de los andaluces y los desempleados" y que de verdad se recupere lo que se reclama. El PP-A exige a Maldonado que "diga siempre la verdad, que aplique la transparencia, que explique dónde está el dinero y que destine el dinero de los fondos a pagar a los empleados andaluces y las nóminas a los consorcios". PODEMOS: UN DAÑO INCALCULABLE La diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha denunciado que mucha gente "se ha quedado sin una formación necesaria" a raíz de la "paralización" de la formación para el empleo por parte de la Junta, lo que "perjudica gravemente a desempleados y trabajadores que necesitan reciclarse". A su juicio, Andalucía ha sufrido un "daño incalculable" por una "gestión ineficaz". Ha exigido "un aumento de la transparencia y la eficacia para recuperar la credibilidad perdida en unas instituciones bajo sospecha". Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, ha afirmado que el caso de los cursos de formación "es uno de los mayores escándalos porque ha engordado las cuentas corrientes de unos pocos con el dinero de los desempleados", por lo que ha manifestado que "por higiene democrática y por practicar la transparencia de la que se habla, es necesario poner en marcha la comisión de investigación para depurar responsabilidades y devolver la confianza en los representantes públicos". "La democracia es incompatible con la corrupción y los corruptos", ha aseverado. IU: MUCHA GENTE HONESTA El diputado de IULV-CA José Antonio Castro, aún reconociendo el "papel honesto y eficaz de la mayoría de entidades que se han dedicado a la formación para el empleo", ha subrayado que en esta cuestión "la Junta no controlaba" y había un "desmadre incuestionable" hasta que, durante la anterior legislatura, con IU en el Gobierno andaluz, se diseñó una "hoja de ruta" para abordar la formación profesional desde la "transparencia". En esa línea, ha avanzado que su grupo va a seguir requiriendo explicaciones, porque "el recurso casi permanente al silencio administrativo dio pie a prácticas muy dudosas". Por último, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez ha valorado la "extraordinaria labor que realizan las empresas y los docentes de la formación profesional para el empleo" y ha destacado los "estrictos controles" puestos en marcha por la Junta. Ha dicho que Andalucía "no merece la criminalización que algunos partidos hacen sobre la formación", y que "si hay algo que dirimir en la vía penal ya lo dirimirán los tribunales", pero no solo en Andalucía, sino también en otras comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Galicia, según ha apostillado. En su turno de réplica, el consejero ha manifestado que los andaluces pueden estar tranquilos de que el Gobierno andaluz va a cumplir con su obligación, va a investigar todas las ayudas, va a velar por el cumplimiento de la ley y va a poner en marcha todos los mecanismos para recuperar hasta el último euro público que haya sido defraudado.