Ocurrió ayer lunes. Primero difundieron la nota de prensa sin nombres aunque repleta de detalles de la investigación y plagada de valoraciones subjetivas y luego, desde la propia Policía, filtraron extraoficialmente a los medios locales los nombres que no figuraban en el comunicado oficial. En particular, el nombre del actual delegado de Economía y Empleo de la Junta en Jaén, Antonio de la Torre, a quien según la nota “agentes de la Policía Nacional detuvieron (…) por la presunta adjudicación de una campaña de publicidad a una empresa de manera fraudulenta”, cuando el ahora detenido trabajaba en la Corporación Provincial.

Las otras tres personas arrestadas son tres empresarios que responden a las iniciales A.M.R., J.R.P.B. y J.M.B.A, aunque a primera hora de la tarde el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén ha decretado libertad con cargos de todos ellos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también ha informado de que la causa se mantiene abierta y se está llevando por supuesta prevaricación administrativa.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Comisaría de Jaén trabajan en la investigación desde el pasado mes de abril, tras la denuncia interpuesta por un extrabajador de una agencia de publicidad.

Una "campaña publicista"

La “campaña publicista” (sic) era de la Diputación de Jaén y en principio fue ejecutada en los términos estipulados en el contrato, aunque la nota policial con membrete del Ministerio del Interior no lo especifica pese a su inusitada extensión de más de 500 palabras. De hecho, los detenidos no están acusados de haber malversado dinero público.

El fraude administrativo habría consistido en que la campaña, cuyo presupuesto ascendía a 60.000 euros, fue adjudicada a una empresa determinada sin solicitar ofertas previamente al menos a otras tres empresas, trámite preceptivo cuando el importe del contrato supera los 18.000 euros.

Los mimbres del caso

De la Torre habría adjudicado la campaña publicitaria “para saltarse la ley” (sic) tras llegar a un “acuerdo con el responsable de la empresa, quien acordó con el ente público dividir el contrato entre varios poniéndose de acuerdo con las otras dos empresas investigadas", explica la Policía en la peculiar nota, que tampoco cita expresamente a la Diputación.

La campaña tenía una duración de seis meses, por lo que las empresas investigadas "facturaban por separado cada mes, para que dinero le llegara finalmente y con apariencia legal al empresario detenido y adjudicatario de la campaña". A su vez, este “facturaba a las otras tres empresas por importes exactos a los facturados al ente oficial”. Y añade la nota policial: “De esta manera se limpiaba el dinero" (sic).

La investigación puso de manifiesto que "ninguna de las tres empresas que facturaban realizaron trabajo alguno”, siendo al parecer la empresa adjudicataria “la que realizó los trabajos mientras los responsables de las demás empresas, presuntamente se prestaron al juego" (sic).

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha mostrado este martes su respeto a la justicia, pero ha sido crítico con la detención de Antonio de la Torre: "Lo que sé es lo que ha dicho la prensa. Parece que ha sido por fraccionar un concurso de 60.000 euros", ha indicado el consejero, quien ha considerado "desproporcionado" que "por esta cuestión se detenga a un hombre tantas horas en comisaría para declarar, cuando lo podrían llamar tranquilamente a su casa e iría a declarar".

Más detenciones bajo sospecha

El formato de estas detenciones comparte un aire de familia con el desarrollado en la investigación del fraude de la formación en Andalucía, cuando a partir del verano de 2014 y con amplio despliegue mediático se produjeron sucesivas oleadas policiales con no menos de un centenar de detenidos, entre ellos responsables provinciales de Empleo de la Junta. En julio pasado el Tribunal de Cuentas dictaminaba que no hubo irregularidades en aquella concesión de las ayudas a la formación que había desencadenado tal turbión de detenciones.

Igualmente, un mes antes se conocía, con indisimulada irritación en el PP andaluz, que la juez de Sevilla María Núñez Bolaños preveía archivar la pieza del fraude de la formación en la que se investigaba al exconsejero de Empleo Antonio Fernández –también encausado en el caso de los ERE– y otros 23 altos cargos de la consejería.

Versión policial Vs versión judicial

También a mediados de junio pasado, cuando los políticos y funcionarios detenidos ya habían pagado con creces la ‘pena de telediario’, el juzgado de instrucción número 4 de Jaén acordaba archivar la investigación sobre los cursos de formación en la provincia que se seguía contra la exdirectora provincial del Servicio Andaluz de Empleo Irene Sabalete y otras 14 personas más, entre técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento, al no haber encontrado "irregularidad alguna ". 

Sabalete llegó a ser detenida en Jaén y trasladada a Sevilla a declarar ante la juez Mercedes Alaya cuando esta dirigía la investigación. El de Jaén fue el primer auto de sobreseimiento en el marco de las 16 causas abiertas en Andalucía sobre cursos de formación.

Lo que decía la Policía sobre el caso era esto: existen indicios de que una quincena de altos cargos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo “prevarican, falsean o malversan caudales públicos en sus diferentes intervenciones para el otorgamiento de las subvenciones referidas o su control”. Y lo que dice la juez de Jaén es esto: “De lo actuado hasta la fecha se deduce que no puede imputarse irregularidad alguna en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones”.