Picaresca con las vivendas sociales. Tráfico de titulares adjudicatarios. Falta de vigilancia administrativa. Ceguera judicial... El caso de La Rinconada reúne todos elementos imaginables de un drama al que, si bien muy provisionalmente, se le ha dado solución al facilitar el Ayuntamiento una vivienda provisional al joven matrimonio desahuciado, que además tiene una bebé de solo diez días. Los tres miembros de la familia han sido desahuciados este miércoles de la vivienda protegida que habitaban irregularmente desde 2010 en La Rinconada (Sevilla). Se trata de una vivienda protegida en régimen de alquiler cuya legítima adjudicataria la habría vendido ilegalmente a una segunda persona, toda vez que esta segunda persona la habría vendido a su vez a esta familia ahora desahuciada por una denuncia de la adjudicataria. En concreto, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, Sandra, José Antonio y su hija de diez días residían desde 2010 en el primero B del número tres de la plaza de los Inventores, en La Rinconada. Se trata, en concreto, de una vivienda protegida en régimen de alquiler de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), cuya adjudicataria habría "cedido" dicho piso a una segunda persona, una mujer, a cambio de 55.000 euros, extremo ilegal al tratarse de un inmueble destinado a vivienda habitual y además en régimen de alquiler. El caso es que esta segunda persona habría pagado a la legítima adjudicataria de la vivienda protegida 22.000 euros en metálico, comprometiéndose a pagar el resto de manera paulatina, toda vez que esta mujer habría acabado cediendo también ilegalmente la vivienda a cambio de dinero a la familia ahora desahuciada. DENUNCIA JUDICIAL Según las citadas fuentes, el procedimiento de desahucio deriva de que la mujer a la que la legítima adjudicataria vendió ilegalmente la vivienda habría fallado en las entregas de dinero pactadas tras el pago inicial de 22.000 euros, extremo que habría llevado a la adjudicataria a reclamar por vía judicial el dominio de la vivienda protegida, si bien la familia desahuciada habría satisfecho la cuantía pactada con la mujer a la que la adjudicataria cedió ilegalmente la vivienda. Merced a la denuncia de la legítima adjudicataria, el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla ha emitido una orden de desahucio ejecutada este mismo miércoles a manos de una comisión judicial y un fuerte dispositivo policial, dado que media hora antes de la hora señalada para el desalojo, comenzaba una concentración ciudadana en defensa de esta familia. A la llegada de la comisión judicial y la legítima adjudicataria, según las fuentes consultadas por  Europa Press, los vecinos concentrados a las puertas del bloque han gritado consignas en su contra, si bien la protesta se habría desarrollado de manera "pacífica" y el desahucio ha sido ejecutado. El Ayuntamiento de La Rinconada, según los colectivos sociales, ha ofrecido a la familia una vivienda social de unos 40 metros cuadrados para que habiten en ella a modo de "solución transitoria". LA JUNTA QUIERE RECUPERAR LA VIVIENDA Precisamente, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) va a emprender un "procedimiento administrativo" para recuperar esta vivienda protegida. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, de la que depende AVRA, expone en un comunicado que el desahucio "se ha ejecutado pese a las infructuosas gestiones realizadas por esta agencia para paralizar esta acción judicial". Las gestiones ante el juzgado para frenar dicho desahucio se han sustentado, por una parte, en la defensa y certificación de la titularidad de la vivienda, propiedad de AVRA, y por otra parte en el hecho de no haber sido informada la agencia "en ningún momento del procedimiento judicial abierto", pese a ser la propietaria del inmueble. Además, se han esgrimido "razones humanitarias y de emergencia social" por la presencia de un bebé de sólo días de vida en la vivienda. Pese a ello, el juzgado "no ha considerado los argumentos planteados por AVRA", sosteniendo que este organismo autonómico "no es parte activa en el procedimiento". La Administración autonómica y el Ayuntamiento de La Rinconada, gobernado por Javier Fernández (PSOE), han ofrecido a esta familia una "alternativa" habitacional, al objeto de que habite durante al menos seis meses una vivienda social de titularidad municipal, con su inscripción en el registro municipal de demandantes de vivienda con el fin de que puedan optar a la adjudicación definitiva de un inmueble del parque público. Además, AVRA prepara "un procedimiento administrativo para recuperar la vivienda protegida en régimen de alquiler, ante las irregularidades detectadas con el objetivo de garantizar el correcto uso de dicho inmueble". LA POSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO El Ayuntamiento de La Rinconada ha rechazado "el uso especulativo de la vivienda pública para beneficio particular", reclamando a la Junta de Andalucía, titular de la vivienda en cuestión, "mecanismos para evitar y prevenir este tipo de prácticas en su parque público de viviendas".   En paralelo, el Ayuntamiento rinconero se declara "en contra del drama de los desahucios y la vulneración de los derechos de una familia y las necesidades vitales de cualquier menor de edad", defendiendo que no permitirá "ningún desahucio" en su parque de vivienda pública. El Ayuntamiento, además, rechaza "el uso especulativo para beneficio particular de la vivienda pública, costeada y promovida con los impuestos de todos los ciudadanos". En este sentido, se insta a la Junta de Andalucía a "articular cuantos mecanismos sean necesarios para evitar y prevenir este tipo de prácticas en su parque público de viviendas".