La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado hoy la pérdida de medios humanos y materiales del cuerpo y la apertura de 36 expedientes y dos imputaciones en los últimos dos años "exclusivamente por ejercer derechos fundamentales como los de expresión, reunión y asociación".

"Campaña de acoso"
Uno de los "puntos álgidos de esta campaña de acoso" a los miembros del colectivo es la Comandancia de Cádiz y han citado el ejemplo de Benito Romero, secretario de asuntos jurídicos, agente con una "hoja inmaculada de servicios de más de 20 años", que, en menos de dos meses, ha sido sancionado con cuatro faltas graves por "hacer peticiones o aseveraciones en contra de la disciplina". Según ha explicado en rueda de prensa Alberto Moya, secretario nacional de la organización, este agente expedientado ha solicitado por escrito saber el motivo de la informatización de todas las identificaciones que se realizan durante el servicio de forma indiscriminada y sin interés policial alguno, en contra de la Ley de Protección de Datos y las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

"Para disimular la falta de personal"
También ha querido saber por qué se realizan controles en carretera con situaciones climatológicas adversas, ocasionando grave peligro para la circulación o grabaciones de vigilancias ficticias a fincas rurales "únicamente para disimular la falta de personal". Dichas faltas, por acumulación, pueden llevar a este agente a la pérdida de su destino y, por tanto, al "destierro de él y de su familia de Cádiz" y supone, para la AUGC un ejemplo de la prohibición de "expresarnos ni solidarizarnos con los problemas de los ciudadanos y de la imposición de sanciones injustas y desproporcionadas por ejercer el derecho de asociación profesional".

Reclaman una "legislación específica"
Por ello reclaman una "legislación específica" para el cuerpo, ya se consideran "policías pero no soldados", al margen de la "remitalirización" impulsada por el PP con la aprobación del nuevo Código Penal Militar, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, por el que se les vuelve a aplicar a los Guardias Civiles penas de privación de libertad por "meras faltas administrativas".