La manifestación, a la que están llamados también usuarios y familiares, partirá a las 12,00 horas desde la Delegación Provincial de Igualdad de la Junta de Andalucía y discurrirá por las calles de la ciudad hasta llegar al Ayuntamiento, según ha informado en rueda de prensa UGT, sindicato que ostenta la presidencia en el comité de empresa de Clece.

Empeorará las condiciones de los usuarios y de los trabajadores
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Granada, Antonio Camacho, ha explicado que el recorte en el precio del servicio recogido en el pliego de condiciones para su adjudicación a una nueva empresa -aproximadamente 1,6 millones de euros meno- "no sólo supondrá despidos" sino que empeorará las condiciones laborales de los empleados que se queden y de los 3.000 usuarios dependientes.

Dos opciones
A su juicio, el descenso de la aportación municipal obligará a escoger entre dos opciones: o se reduce el número de usuarios atendidos o se le dedican menos horas a cada uno, lo que en cualquier caso supone "un claro deterioro de la calidad del servicio".

La Junta se mantiene
Respecto al recorte previsto, Camacho ha querido aclarar que "es el Ayuntamiento de Granada el único responsable del mismo" y no la Junta, la cual mantiene el mismo precio que en ejercicios anteriores para dar cobertura a la Ley de Dependencia -13 euros la hora-. De hecho, ha asegurado que el Gobierno andaluz ya ha pagado el dinero correspondiente al año 2011, unos 14 millones de euros que se han pagado de forma adelantada cada dos meses.

"La callada por respuesta"
Asimismo, el sindicalista ha lamentado que ante las reiteradas reuniones que UGT ha solicitado al Ayuntamiento de Granada para hablar del tema, "sólo se ha obtenido la callada por respuesta" y le ha instado a explicar qué destino le ha dado a los fondos autonómicos que no han sido gastados en el servicio, toda vez que mantiene "una deuda millonaria con Clece".

Labor fiscalizadora
Por último, desde UGT han reclamado a la Junta de Andalucía que ejerza su labor fiscalizadora de estos fondos públicos, ya que "es su obligación controlar que el dinero de la dependencia se use para ese fin, y no para otro".