Es lo mismo pero no es igual. Cuando un juez decide informar sobre una causa a un aforado sobre el cual no tiene jurisdicción, ¿cómo debe llamarlo? La juez de los ERE Mercedes Alaya optó por el término preimputado, que judicialmente no viene a significar nada pero política y socialmente tiene una fuerte carga negativa. Otros jueces prefieren ser más prudentes, como el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Arcos de la Frontera, que en una situación técnicamente similar prefiere hablar simplemente de 'condición de aforado', sin hacer un uso imprudente del lenguaje que puede podría perjudicar innecesariamente a la persona en cuestión. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha citado al edil de Arcos y senador del PP Sebastián Ruiz para que, "en condición de aforado", acuda el día 24 en relación al caso que investiga por presunto enchufismo en el Ayuntamiento de la localidad de 25 familiares y personas afines a miembros del equipo de gobierno de PP y Alternativa Independiente Progresista (Aipro). En una providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Press, se expone que la Fiscalía presentó un escrito el pasado 10 de marzo en el que interesaba citar a Sebastián Ruiz para informarle del contenido de la querella presentada contra él, otros siete concejales y el alcalde de la localidad, José Luis Núñez (PP), por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Indica la providencia que, al constar la condición de aforado de Ruiz como senador, no se le cita en calidad de imputado, lo que correspondería en su caso al Tribunal Supremo (TS). En consecuencia, se le cita "en condición de aforado" para que acuda al juzgado si desea estar informado del contenido de la querella, de lo acontecido a lo largo de la instrucción y de los derechos que le asisten. Esa misma situación procesal se produjo en el caso de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y varios de sus exconsejeros aforados ante el Supremo o el Tribunal Superior de Andalucía. Precisamente para informarles de la causa de los ERE, en la cual Alaya no podía imputarles, la instructora los citaba en un auto como preimputados o incluso, inicialmente, como imputados. Esa terminología utilizada por Alaya, muy criticada en medios judiciales, tiene otras alternativas, como parece demostrar la providencia del juez de Arcos. LA QUERELLA DE ARCOS Cabe recordar que la querella de Arcos fue presentada a título particular por el edil socialista Joaquín Macías en septiembre de 2014 y ratificada en diciembre, y se dirige contra el alcalde; el senador del PP y edil de Infraestructuras, Obras y Servicios, Sebastián Ruiz; el edil de Urbanismo, Manuel Erdozain (Aipro); el de Hacienda y Personal, Carlos de la Barrera (PP); la de Asuntos Sociales, Juana María Morales (PP); el de Turismo, Manuel Romero (Aipro); el de Cultura, Domingo Jesús González (PP); el de Medio Ambiente, Francisco Muñoz (Aipro), y Petra Macías (Aipro), responsable de la Delegación de Jédula. Expone que "desde el mismo momento de su toma de posesión", los querellados habrían venido ordenando, "a veces directamente, y otras a través del responsable de Hacienda y Personal, el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como de miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011". Sostiene la querella que el concierto de los contratos de trabajo se ha realizado "con olvido del procedimiento legalmente establecido y omitiendo el procedimiento de selección" a través de convocatoria pública y "sin la previa fiscalización del Servicio de Intervención para constatar que la Administración poseía crédito suficiente para contratar". En este sentido, adjunta una relación de los contratos aparentemente concertados "siguiendo las órdenes de los querellados y firmados por el Delegado Municipal de Hacienda y Personal". CUÑADOS, SOBRINOS, HIJOS, HERMANOS... Dicho listado incluye a un cuñado y una sobrina del alcalde; a un cuñado de Reyes; a un cuñado de Erdozain; un cuñado, una hermana y una sobrina de De la Barrera; una hermana y un hijo de Romero Gallardo; dos sobrinos de Macías; un sobrino y una hermana de Morales; dos tíos de Muñoz y un sobrino de González Gil. Los puestos son de carpintero, auxiliar, electricista, administrativo, peón, conserje, arquitecto o personal de limpieza. Igualmente, la querella sostiene que "también se habrían concertado contratos laborales temporales con personas que formaban parte de las candidaturas de los partidos que conforman el gobierno municipal, sin cumplir con las normas procedimentales establecidas en el ordenamiento jurídico". En este apartado, adjunta una relación de nueve casos en puestos similares.