Diego García López firmó en 2007 un contrato con el Banco Coooperativo y la Cajal Rural que él creía era una subvención para mantener económicamente residencia de ancianos Señor de las Cuevas de Padul, de la que es administrador único. Entre los documentos firmó un producto financiero de alto riesgo denominado ESUAP.

No se le dio información adecuada
En su sentencia, la jueza da por probado que no se le dio información adecuada por parte de la entidad y que aunque es empresario no se le puede considerar como un experto en materia financiera

La caja le pidió 170.000 euros
El empresario empezó la batalla judicial cuando supo que durante cinco años tenía que abonar más de treinta mil euros e ingresar 170.000 euros a la entidad bancaria. Esto ponía a su empresa al borde del cierre

Confiaba en la Caja
La jueza considera probado, además, que nunca estuvo en Madrid para firmar el contrato de compra del producto financiero, tal y como aparece en la documentación, y que confiaba en la Caja Rural, de la que por cierto era socio. Contra la sentencia, que aún no es firme, cabe recurso ante la Audiencia de Granada