El Tribunal de Cuentas estima "íntegramente" las pretensiones formuladas por la Abogacía del Estado, en representación de la Zona Franca de Cádiz, a la que se ha adherido el Ministerio Fiscal, contra Rodríguez de Castro y Osuna.

Cargo de Delegado Especial del Estado
Cabe señalar que los condenados ejercieron, sucesivamente, el cargo de Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004. Concretamente, Rodríguez de Castro ocupó el puesto hasta febrero de 2001 y Osuna desde marzo de 2001 hasta el 15 de mayo de 2004.

Rodríguez de Castro responsable contable directo
Así, considera a Rodríguez de Castro responsable contable directo de la utilización de tarjetas de crédito para gastos sin justificar que ascienden a 2.882,78 euros; también del incremento no justificado de pago de precio de dos mensualidades de un contrato de asesoría de imagen y técnica, en materia de comunicación, celebrado con la empresa Dos Folios y Medio, por importe total de 2.788,70 euros.

3.696.325 euros entre Rodríguez Castro y Osuna
Por la contratación con la sociedad Miami Free Zone Management Services Corporation, dentro del denominado Proyecto Rilco (Red Iberoamericana de Comercio Exterior), la cantidad de 3.696.325,74 euros de alcance, se declara a Osuna y Rodríguez de Castro responsables contables directos. De esa cantidad, conforme a la pretensión sostenida por la Abogacía del Estado, en función de los periodos imputables a cada uno de los demandados, 1.404.902 euros corresponden a Rodríguez de Castro, y el resto —2.291.423,74 euros— a Osuna.

Gastos financieros
Asimismo, considera un importe total de 619.641,96 euros por disposición de fondos para sufragar gastos financieros asumidos, por parte del Rilco y del Consorcio, como consecuencia de obtención de ayudas, en concepto de anticipos reintegrables que hubo que devolver, concedidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y de otros gastos no incluidos en la cobertura de dichas ayudas, sin que procediera su asunción por el Consorcio. De esa cantidad, 235.513,94 corresponden a Rodríguez de Castro y el resto a Miguel Osuna.

Daños y perjuicios además de las costas
Así las cosas, Rodríguez de Castro debe abonar los 1.646.087,42 euros en los que supuestamente ha perjudicado los caudales públicos del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, mientras que la cantidad para Miguel Osuna asciende a 2.675.551,76 euros.De la misma manera, el Tribunal de Cuentas condena a ambos al pago de los intereses devengados, calculados con arreglo a los tipos legalmente establecidos y vigentes desde las fechas en que se entienden producidos los daños y perjuicios. Además, al ser total la estimación, ve procedente que las costas sean impuestas a los demandados.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días a contar desde su notificación.