Dos de los vecinos de la antigua Corrala Utopía se han presentado en los tribunales de la ciudad de Sevilla para rendir cuentas por un supuesto “delito de usurpación”. A las puertas de la sala de justicia se unía una marea verde de pancartas en apoyo a los más de cuarenta acusados por ejercer el verdadero derecho a la vivienda que la crisis les había robado. Inma Blanco fue una de aquellas vecinas que estuvo durante casi dos años en el edificio de Ibercaja. “La jueza ha separado ahora la causa en tantas partes como personas, para debilitarnos en nuestra lucha y criminalizar la reivindicación”. A cada uno de los vecinos, el Ministerio Fiscal pide 720 euros de multa, ascendiendo la sanción a más de 40.000 euros en total. La entidad bancaria ya había retirado los cargos de los vecinos, antes de iniciarse la causa. “Este juicio es una vulneración a los derechos fundamentales de las personas”, apunta Inma mientras recuerda el caso de muchos de sus compañeros que vivían en coche con niños pequeños cuando comenzó la ocupación.
Pancarta ante el Palacio de Justicia de la Buhaira. Pancarta ante el Palacio de Justicia de la Buhaira.

Cerca de un centenar de personas se concentraban frente al palacio de justicia de la Buhaira, junto a representantes políticos y sindicales, entre los que se encontraban Antonio Maíllo (Izquierda Unida), Diego Cañamero (SAT) y Susana Serrano (Participa Sevilla). Esta política ha señalado a andalucesdiario.es que desde su plataforma se integra "un gran número de activistas que de una manera u otra están implicados con el tema de la Corrala y desde nuestra agrupación apoyamos esta causa que resulta injusta, porque estos vecinos solo buscaban continuar con sus vidas”. Serrano recuerda que los dos compañeros que están en la sala, Max Salazar y Jesús Aguilar, “son padres con hijos, que han sufrido ejecuciones hipotecarias y que no tenían más alternativas que meterse en una corrala”. Otros acusados, como Inma, no saben hasta cuándo pueden alargarse los procesos, ya que ninguno de los restantes han sido aún llamados a juicio. 1.500 EUROS Y UN AÑO Y MEDIO DE CÁRCEL José Luis Guerrero fue uno de los activistas que participó en el mes de abril de 2014 en el desalojo de la Corrala. “Nunca había visto vivir a personas en condiciones tan duras como aquellos hombres y mujeres”. Mira hacia el suelo cuando rememora la temida irrupción de la policía en el edificio y su posterior detención cuando quisieron oponerse a su salida con una fuerte resistencia. “Cuando terminó todo fui acusado de haber agredido a dos policías y se me condenaba a un año y medio de cárcel y a una multa de 1.500 euros”. Hace dos meses se celebró su juicio. José Luis logró salir absuelto de este episodio. “Estos jueces se mueven en un código deontológico que nos tiene mucha beligerancia” . “Fue muy complicado defenderte de un delito que no había cometido ante dos partes de lesiones ficticios de los policías”. En su alegación, José Luis recuerda que comenzó a llorar ante la acusación porque estaba muy angustiado de pensar la injusticia que se estaba cometiendo. La situación actual es aún más dramática, ya que según apunta Guerrero, quieren criminalizar la situación alargando el proceso”. El objetivo es alargar el proceso, sin saber que el movimiento de la corrala ya traspasa las fronteras con mensajes de apoyo que llegaban a los mismos afectados desde el lejano país de Perú.