La juez Mercedes Alaya ha remitido al Tribunal Supremo un listado con los 70 'intrusos' detectados "hasta la fecha" en la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tras la petición realizada a tal efecto por el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye la causa contra los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y tres exconsejeros. Barreiro debe decidir en breve plazo si confirma la imputación provisional de los mandatarios socialistas, lo que sería el preámbulo de la apertura del juicio oral, o si propone el archivo de la causa en relación a todos a algunos de ellos. Nadie, ni acusaciones ni defensas, pone en duda la existencia de los intrusos. Las discrepancias llegan a la hora de determinar las causas de que se repitiera decenas de veces esa situación, consistente en beneficiarse de ayudas complementarias de prejubilación de sin tener absolutamente ningún derecho a ello. Como se sabe, la juez Mercedes Alaya considera que todas las ayudas fueron ilegales, aunque los intrusos serían doblemente ilegales. La Junta siempre ha sostenido que quienes gestionaban las ayudas a empresas en crisis se aprovecharon del procedimiento para delinquir, mientras que la instructora entiende que el procedimiento se creó precisamente para poder delinquir. En una providencia dictada el pasado día 15 --un día antes de ser sustituida como titular por la juez María Núñez Bolaños--, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acordó elevar al Tribunal Supremo un oficio "adjuntando listado de los 'intrusos' detectados hasta la fecha en el seno de la presente investigación". La juez explica que se considera 'intrusos' a "aquellas personas a las que se les ha imputado su inclusión irregular como beneficiarios de pólizas de rentas derivadas de procedimientos de reestructuración de empresas y cuyas primas hayan sido abonadas con cargo a los fondos públicos andaluces". LOS INTRUSOS El listado de 'intrusos' remitido al Supremo, consultado por Europa Press, lo encabeza el exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas, "a quien se ha denominado como el 'conseguidor'" y que, "por sus influencias, conseguiría la inclusión de innumerables 'intrusos' en las pólizas derivadas de procesos de reestructuración de empresas". Además, describe que Lanzas fue "empleado de Vitalia --una de las mediadoras-- y de Estudios Jurídicos Villasís --despacho de abogados--" y "controlaba lo que se ha denominado 'Entramado Atrado' y a los correspondientes testaferros", añadiendo que fue incluido como 'intruso' en el ERE de Hitemasa y "también intentó su inclusión en Mercasevilla". En este listado de 'intrusos' aparecen también la esposa de Lanzas, Patrocinio Sierra, que fue incluida como 'intrusa' en Hitemasa; Ángeles Sierra, hermana de la anterior y cuñada del 'conseguidor', que apareció como 'intrusa' en las pólizas suscritas para el colectivo de Dhul, y Carmelo Cruz, esposa de esta última, detectado como 'intruso' en el expediente de Dhul. Entre los 'intrusos' también figuran Antonio Garrido Santoyo, que fue el primero que se detectó tras su inclusión en el ERE de 2007 de Mercasevilla; Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso (Sevilla) que "sería beneficiario de fondos públicos a través de una póliza de rentas individual con total ausencia de procedimiento", o Victorina Madrid Pisabarro, suegra del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero que "conseguiría de su yerno la financiación con fondos públicos para el abono de dos pólizas de las que fue beneficiaria". El listado lo conforman igualmente los vecinos de Camas Juan Manuel López Espadas, José Antonio Márquez Sánchez, José Acevedo López y Ricardo Medina Barrios, o el exsecretario de Política Territorial del PSOE en el Ayuntamiento camero José Antonio García Prieto, quien "mediante la influencia" del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas "sería beneficiario de hasta dos pólizas de rentas". También aparecen en esta listado "vecinos" de Guerrero, como Alejandro Millán Torres, o el exchófer del exdirector de Trabajo, Juan Francisco Trujillo, "titular de empresas creadas para la obtención de subvenciones y que conseguiría rentas derivadas de una póliza suscrita a nombre de su madre falsificando la firma de ésta". Asimismo, destacan el exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT Manuel Morales Larrubia, que fue incluido en las pólizas derivadas de las ayudas a Gres Vilches y Cerámicas Syre; el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) Ramón Polo, o el exalcalde de Torrecera (pedanía de Jerez) Agustín Moreno Reviriego. El magistrado Alberto Jorge Barreiro pidió al Juzgado en una resolución fechada el pasado día 12 de junio que, "a la mayor brevedad posible", le informara del número de personas "que fueron incluidas como intrusos" en el caso de los ERE irregulares.