El expresidente de Andalucía Manuel Chaves ha pasado este martes la pelota al parlamento autónomo en la responsabilidad del control del gasto público relacionado con las ayudas irregulares en los Expedientes de Regulación de Empleo que se investigan en el juzgado de Sevilla cuya titular es Mercedes Alaya, informa Julia Pérez. Durante dos horas y media, Chaves ha declarado en el Supremo como imputado, donde él está aforado. Y en su declaración, a la que ha tenido acceso Público, deja bien claro que el control del presupuesto correspondía al Parlamento autónomo y que, en diez años, nadie alertó de irregularidad alguna. En su interrogatorio, el expresidente ha echado balones fuera respecto a si tuvo conocimiento de los informes de la Intervención General de Andalucía, que alertaba de la irregularidad en la concesión de las ayudas y en los posibles vicios de nulidad que aconsejaban subsanar. “En diez años de debates presupuestarios ningún diputado ha hecho observación de ilegalidad de estas transferencias” utilizadas para tramitar las ayudas socio-laborales, ha destacado Chaves en su declaración ante el magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro que ha conocido este diario. La concertación social era uno de los ejes claves de su Gobierno debido a la situación de crisis de Andalucía en esos años con crisis de empresas importantes, como Suzuki-Santana o la Faja Pirítica de Huelva. “Todos los acuerdos de concertación fueron debatidos y aprobados por el Parlamento, por lo que es muy difícil pensar que en 10 años centenares de Diputados no hayan visto absolutamente nada ilegal sobre estas transferencias”, ha destacado ante el instructor. El expresidente ha negado también haber conocido nunca ningún informe de la intervención poniendo reparos a estas ayudas. También ha revelado, a preguntas del instructor, que nunca despachó con un director general. Tenía 200 directores generales y únicamente despachaba con sus consejeros. Pero jamás ninguno de ellos le puso de manifiesto la existencia de ilegalidades. Chaves ha detallado cómo procedía en su gestión: era el consejero de Economía el que informaba sobre los presupuestos y él no podía leer todos los informes que acompañaban a las iniciativas legislativas. En su lugar, la Intervención General indicaba qué tipo de control se aconsejaba. Sigue leyendo en Público.es