Una fotografía tomada el 21 de febrero de 2004 en la Huerta de San Vicente atestigua el paso de los años. En la imagen, aparecen sonrientes los máximos representantes de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Cultura, del Ayuntamiento de Granada, de la Diputación y de la Fundación Federico García Lorca. Acababan de firmar el protocolo de colaboración para trasladar a Granada el valiosísimo legado del poeta y lo hacían, simbólicamente, en la residencia de verano en la que García Lorca escribió una parte importante de su obra. Once años después, el Centro García Lorca abre sus puertas. La inauguración, prevista para este miércoles, se produce en medio de una crisis, con subvenciones millonarias pendientes de justificar por parte de la fundación que preside la sobrina del poeta, Laura García Lorca, con una querella contra el que fuera secretario de la Fundación García Lorca, Juan Tomás Martín, por supuesta falsedad y apropiación indebida, y sin que se sepa cuándo se va a trasladar a Granada el legado del escritor. El espacio cultural se inaugura con seis años de retraso y sin que se haya aclarado cómo se han gastado los fondos públicos concedidos para su construcción. Situado en un edificio vanguardista, en la céntrica plaza de la Romanilla, el centro se presupuestó en un principio en 18 millones de euros, pero el coste se disparó a 23. Las administraciones que conforman el Consorcio creado para ejecutar el proyecto –Junta de Andalucía, Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Granada y Diputación- tuvieron que asumir el sobrecoste tras sucesivas disputas que demoraron la terminación de las obras. EL DESTINO DEL DINERO La gestión de los fondos destinados a la construcción del centro ha estado en manos de la Fundación Federico García Lorca, que no ha justificado debidamente en qué se ha gastado el dinero. Ahora, las administraciones le reclaman la devolución de parte de las subvenciones: 1,7 millones, el Ministerio de Cultura y 2,8 millones, la Junta de Andalucía. Parte de esos fondos, al parecer, se fueron en comisiones que supuestamente cobró el que fuera secretario de la fundación, quien además tenía un sueldo de 12.000 euros al mes. La sobrina del poeta lo ha denunciado por la supuesta falsificación de su firma para subirse el porcentaje de las comisiones que cobraba, del 4% al 15%, procedentes de las ayudas concedidas por las administraciones para el edificio de la Romanilla. El agujero económico del Centro Lorca obligó a las administraciones a intervenir. El pasado mes, las instituciones que forman el consorcio decidieron modificar los estatutos para quitarle la capacidad de gestión económica y administrativa a la fundación que lleva el nombre del poeta, a la que le habían encomendado años atrás la gestión del espacio cultural. Así, en los nuevos estatutos, el Consorcio del Centro Lorca queda adscrito al Ayuntamiento de Granada, que se turnará en la presidencia con la Junta de Andalucía, y dejan a la fundación en un papel secundario, con voz pero sin voto. MÚLTIPLES PROBLEMAS Las irregularidades financieras que rodean la apertura del centro son el último episodio del cúmulo de despropósitos que han rodeado el proyecto desde sus inicios. Desde que en 2004 se cerró el acuerdo para trasladar a Granada los fondos de la Fundación García Lorca, con sede en Madrid, todo han sido problemas. La expropiación de una churrería contigua a la parcela en la que se levanta el edificio acumuló múltiples contratiempos y retrasos. Fue sólo el comienzo: problemas con las excavaciones arqueológicas, falta de acuerdo de las instituciones y enfrentamientos entre sus representantes, trabas burocráticas, sobrecoste de la obra, dificultades de financiación y subvenciones sin justificar. El Centro Lorca abre sus puertas, pero sin el legado del poeta: casi 5.000 manuscritos de Federico, 3.000 de otros autores, 50 dibujos de pintores como Dalí o Ismael de la Serna, archivo fotográfico, documentos de prensa, biblioteca... Los fondos documentales permanecerán de momento en la Residencia de Estudiantes de Madrid porque, según dicen, el edificio no reúne aún las condiciones de seguridad adecuadas para conservarlos, un argumento tan difícil de justificar como el dinero público que el secretario de la fundación se llevó en comisiones.