Ayer comenzaba la etapa procesalmente crucial de la macrocausa de los ERE. El juez Alberto Jorge Barreiro iniciaba su ronda de interrogatorios con el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, para continuar mañana con José Antonio Griñán y las próximas semanas con Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. La esperanza de todos ellos es convencer al instructor Barreiro de que no cometieron delito alguno por aprobar y permitir la utilización de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales y que, en todo caso, el desvío o la utilización fraudulenta de los fondos no se produjo porque existiera un procedimiento predeterminadamente fraudulento de concesión de subvenciones, sino porque unas personas concretas se aprovecharon de su posición y decidieron actuar como lo hicieron. LO PENAL Y LO POLÍTICO Esa fue, de hecho, la línea argumental seguida ayer por el exconsejero y diputado José Antonio Viera, aunque al utilizarla tan reiteradamente estuviera él mismo engordando la tesis de la responsabilidad política que tanto se han empeñado en negar los imputados, pues durante sus mandatos se dieron, en efecto, muchas ayudas de forma fraudulenta sin que, en el mejor de los casos, ellos se enteraran, como era su deber, de que tal cosa estaba ocurriendo. Los argumentos de Viera serían tan válidos para demostrar que no era un astuto delincuente como adecuados para certificar que era un político deficiente. Todos los aforados piensan que la instrucción de la juez Mercedes Alaya es un completo disparate, pero lo cierto es que en contra de esa certeza opera el importante hecho de que ni la Fiscalía ni la Audiencia de Sevilla han estado, en lo sustancial, en desacuerdo con ese supuesto disparate. Aun así, la tesis de Alaya, de tan fácil demostración política, es de muy difícil demostración judicial. Encontrar pruebas de que un amplísimo grupo de altos cargos públicos de la Junta mantuvieron deliberadamente durante diez años un procedimiento ilegal cuya ilegalidad nadie –ni la Intervención, ni la oposición, ni la Cámara de Cuentas, ni el Parlamento– advirtió es una tarea procesalmente titánica. LO QUE NUNCA IMAGINARON De hecho, cuando el caso de los ERE estalló hace cuatro años ninguno de los políticos ahora en trance de imputación podía no ya temer, sino siquiera imaginar que aquel escándalo podía llevarlo al banquillo. Ni siquiera en conversaciones privadas admitía ninguno de ellos la posibilidad de haber cometido un delito como la prevaricación. En realidad, al principio ni siquiera admitían haber sido responsables políticos de lo sucedido; hoy sí lo admiten, aunque mucho más en privado que en público. La prevaricación pertenece a ese tipo de delitos que es imposible cometer sin saber que se están cometiendo. La peculiar paradoja del caso de los ERE es que los altos cargos de la Junta, con su presidente a la cabeza, habrían estado delinquiendo durante años a la vista de todo el mundo, pues la juez Alaya considera todas las ayudas igual de ilegales, tanto las de cientos de miles de euros que el director general Javier Guerrero concedió sigilosamente a su chófer o a empresarios amigos como las de cientos de millones que la Consejería de Empleo destinó con publicidad política y mediática a miles de prejubilados de grandes empresas en crisis como Santana, Faja Pirítica o Delphi. En realidad, en estos momentos casi 6.000 trabajadores siguen cobrando esas ayudas que según la instructora serían ilegales, sí, pero no tan ilegales como para haber ordenado hace mucho tiempo que dejaran de pagarse y exigir a los trabajadores su devolución. 'SOLO' 150 MILLONES Ahora bien, la responsabilidad política por la falta de control del dinero público es tan incontestable, tan abrumadora que hace que toda defensa judicial parezca una defensa política o se confunda con ella. Recuérdese que de los 855 millones del fondo, en el mejor de los casos serían unos 150 millones los otorgados de forma irregular: 12 millones que fueron a financiar pólizas de intrusos, unos 70 que fueron a manos de abogados y mediadores y otros tantos en ayudas a empresas o instituciones que no tenían ERE alguno que financiar. Aunque hubieran sido solo esos 150 millones, la cantidad es tan abultada que la gravedad de lo ocurrido es imposible de justificar y mucho menos de disculpar. De todas formas, en la rica casuística de la delincuencia política moderna no debe haber muchos casos como éste: decenas de cargos públicos asumiendo la herencia delictiva de sus antecesores y transfiriéndola a su vez a sus sucesores, y todo ello, toda esa –en palabras de Alaya– "auténtica subversión del ordenamiento jurídico" sin obtener beneficio personal alguno. Nadie diría que sea un delito imposible, pero cualquiera convendrá que es un delito bastante inverosímil. Otra cosa es el juicio que merezca su actuación pública: como políticos torpes resultan creíbles; como sagacísimos delincuentes, absolutamente increíbles.