No tiene mucha suerte Ciudadanos con sus concejales. No al menos con algunos de la provincia de Sevilla. Si días atrás saltaba el escándalo de la edil de Castilleja de la Cuesta que, tras marcharse a vivir a Chicago por razones familiares, tuvo la ocurrencia de reclamar al pequeño Ayuntamiento donde fue elegida que le pagara los billetes de avión desde Estados Unidos para poder asistir a los plenos, ahora el foco de la polémica se ha trasladado a Espartinas (15.000 habitantes), el único pueblo de la provincia de Sevilla que tiene –por ahora– un alcalde de Ciudadanos, partido que gobierna en minoría con el apoyo el Partido Socialista. Ciudadanos logró cuatro alcaldías en Andalucía: las de Mijas y Alcaucín, en Málaga; Cumbres de San Bartolomé (Huelva), y Espartinas, municipio este último en el que el partido de Albert Rivera lograba su "mejor resultado" con seis concejales, uno más que el PP, y que de este modo se convertía en "referente a nivel andaluz" del partido. Hasta tres concejales del equipo de gobierno se le han fugado al alcalde, José María Fernández, en apenas una semana: dos de su partido y uno del PSOE. Fernández ya saltó a la 'fama' semanas atrás tras conocerse que su sueldo iba a ser mayor que el que cobra la alcaldesa de Madrid. Al impedirle la oposición, mayoritaria en el Pleno, que cobrara esos casi 50.000 euros anuales, el alcalde decidió que solo acudiría al Ayuntamiento los jueves de 8 de la mañana a tres de la tarde. DOS RENUNCIAS EN CUATRO DÍAS Auxiliadora Rodríguez, hasta ahora concejal de Educación, Sanidad y Turismo en el Ayuntamiento de Espartinas, ha renunciado este lunes a sus delegaciones convirtiéndose así en el segundo edil de Ciudadanos de la localidad en renunciar a sus áreas, después de que Pedro López también renunciara el pasado viernes a la Concejalía de Obras y Servicios, Deportes, Empleo y Juventud. La prensa local también se ha hecho eco de una tercera dimisión: la de la concejal del PSOE Dolores Ruiz de la Rosa, que ha puesto el acta de concejal a disposición del partido porque quiere tener más tiempo para dedicarse a su familia. Según una información del diario ABC citando fuentes del Grupo Popular, "la dimisión se produce después de que haya tenido que devolver al Ayuntamiento el dinero que cobró como personal de confianza en agosto, contrato que no es compatible con el cargo de edil". A tenor de las dos renuncias de su compañeros de partido, en una nota de prensa, el alcalde de la localidad, José María Fernández, que gobierna en coalición con el PSOE, ha lamentado "profundamente" la decisión de ambos concejales, una decisión que, si bien ha dicho respetar, ha afirmado que no comparte los argumentos por los que sus compañeros de partido han decidido renunciar a sus áreas. 'ES UNA PENA... ERA GENTE TAN VÁLIDA' "El equipo de gobierno lamenta no poder seguir contando con estos compañeros", ha declarado el primer edil, quien ha solicitado que renuncien a su acta de concejal porque "es una pena dejar fuera del equipo de gobierno a gente tan válida como la que hay en la lista con la que C's concurrió a las pasadas elecciones en Espartinas". "Hay mucho que hacer y necesitamos gente dispuesta a trabajar", ha afirmado en una nota de prensa. Ha explicado que "nos hemos encontrado un pueblo que gobernar, con unos presupuestos prácticamente agotados y con una burocracia lenta, tediosa y a veces exasperante" y que, a pesar de todo ello, "en 100 días, aunque es cierto que no hemos hecho todo lo que hubiésemos querido, hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de otra forma, que sí hay un cambio a mejor y que en los próximos meses veremos los resultados de estos primeros meses de duro e intenso trabajo". Por otro lado, el edil ha pedido a la oposición en el Ayuntamiento de Espartinas que dejen “de inventar basura mediática sobre este grupo que sólo quiere trabaja por y para Espartinas", ha apostillado. ¿CONTRATOS IRREGULARES O MERAS ANOMALÍAS? El pasado día 26 el alcalde descartaba que las incidencias detectadas en la selección de trabajadores para los contratos municipales con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de la Junta de Andalucía fueran fruto de un caso de corrupción. Fernández, en declaraciones a Europa Press, alegaba que se trata de "anomalías administrativas" que ya están siendo subsanadas por el Consistorio. La polémica saltó porque una vecina de Espartinas se había declarado "en huelga de hambre", al considerarse "injustamente discriminada" en las contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento, con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social, impulsado por la Junta de Andalucía pero canalizado mediante los consistorios. Según manifestaba esta vecina a Europa Press, en la selección de personas beneficiadas por los contratos, realizada por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, "ha podido haber alguna irregularidad", porque ella "siempre" había estado "en los cinco primeros puestos" a la hora de la clasificación de las personas más necesitadas del municipio, si bien en esta ocasión había quedado "fuera" de la selección. CANCELACIÓN PROVISIONAL Tras revisar el procedimiento de selección, el Ayuntamiento acordó "retrotraer" dicho proceso de selección "hasta el momento en el cual debería haber sido abierto un periodo de alegaciones". Dado el caso, las 18 contrataciones ya formalizadas quedaron "canceladas hasta que no se resuelvan las posibles alegaciones", toda vez que merced a tales alegaciones, "el resultado final del proceso de priorización de las solicitudes podría verse alterado". El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía, "para que preste asesoramiento técnico al Departamento de Servicios Sociales para la correcta aplicación del procedimiento de prioridades a la hora de contratar personal dentro de los programas de ayuda a la contratación". El PP, de su lado, alertaba entonces de "la gravedad de las declaraciones del concejal de Servicios Sociales, el socialista Ignacio Rubio, recogidas en una grabación y reconocidas expresamente por él en un medio de comunicación, inculpando asimismo al alcalde, José María Fernández, de Ciudadanos". El PP, en ese sentido, atisbaba "un presunto delito de prevaricación, pues el alcalde firma 18 contratos a sabiendas de las irregularidades". El asunto está los juzgados. EL ALCALDE SE DEFIENDE Pero el alcalde, de su lado, se defendía diciendo que el asunto "para nada" estaba relacionado con la corrupción, argumentando que se trataba de "anomalías administrativas" que ya estaban siendo subsanadas. "De un lado, donde debería haber un plazo de subsanación no lo hubo, lo que constituye un defecto de forma, y de otro, la baremación no estaba correctamente realizada porque no se ajustaba a lo que marcaba el decreto" autonómico que regula el citado programa, explicaba el alcalde. José María Fernández admitía que "las incidencias en el proceso de baremación" sí eran aspectos "más graves", pero se trataba de una labor que estaba en manos de "los técnicos" de asuntos sociales. De cualquier modo, descartaba un caso de corrupción aunque el PP estuviera "intentando vender que son contratos irregulares y hacer una bola de nieve".