El expresidente de Unicaja Braulio Medel, que fue miembro del Consejo Rector de la agencia pública IDEA de 1987 a 2008, ha declarado hoy que el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y este ente para que IDEA pagara las ayudas investigadas en el caso ERE no se pasó al Consejo Rector, informa Efe.

Medel ha declarado como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.


Braulio Medel estuvo investigado en esta pieza política del caso ERE junto a otros consejeros de IFA/IDEA, si bien el juez Álvaro Martín que cerró la instrucción no vio indicios de delito para abrir juicio oral contra él y el resto de consejeros imputados.

Participación simbólica

Medel ha asegurado que aunque su participación en las reuniones del Consejo Rector de IDEA fue "de baja intensidad" y "decreciente" e incluso "simbólica" en el periodo investigado (a partir de 2001), a raíz de la causa se ha preocupado de revisar las actas de las sesiones, ya que sólo asistió a cuatro en ese periodo.


De la lectura de las mismas ha concluido de forma rotunda que "el convenio marco no fue nunca aprobado, ratificado ni se entregó en ninguna sesión del Consejo Rector" y en ningún acta figura como anexo ni en la documentación que ha revisado de aquella época que recibía cuando no asistía a las reuniones lo ha encontrado.


La única referencia son "dos líneas" en el acta de una reunión del 23 de julio de 2001 -una semana después de la firma del convenio el 17 de julio- en las que se indica que el presidente del ente público informa a los consejeros de un convenio firmado con la Consejería de Empleo para materializar a través del IFA el pago de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.


Un solo convenio particular

En base a ese convenio marco, para cada ayuda concreta se firmaban convenios particulares entre la Dirección General de Trabajo e IFA/IDEA para que el ente abonara dichas ayudas con fondos que recibía de la Consejería de Empleo.
 De las cuatro sesiones entre 2001 y 2008 del Consejo Rector a las que asistió Braulio Medel, solo en una de 2006 se aprobó un convenio particular para pagar ayudas concretas y según ha explicado en dichos convenios particulares que encomendaban el pago al ente público se indicaba que la "documentación relativa a esa operación figuraba en la Consejería de Empleo".


El actual presidente de la Fundación Unicaja ha diferenciado entre las subvenciones y préstamos propios que concedía IFA/IDEA donde se hacía una evaluación de riesgo y aquellas operaciones en las que "como ente instrumental" sólo tenía la encomienda de pagar ayudas de otro órgano concedente, en este caso la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo (hasta 2004 IFA dependía de ésta, después pasó a Innovación pero siguió pagando las ayudas de Empleo).


Las segundas no eran objeto de especial análisis en el Consejo Rector al no ser una actividad propia de la agencia si bien ha subrayado que en dicho Consejo Rector nunca se recibió "absolutamente ninguna advertencia de ilegalidad" sobre las mismas "ni de la Intervención ni de los servicios jurídicos ni de nadie".


Nunca hubo alerta

Ha insistido en que el Consejo Rector de IFA/IDEA "no recibió ningún informe de la Intervención porque entre sus competencias no figuraba la fiscalización ni el control financiero" del ente.
 La Intervención alertó en varios informes del uso "inadecuado" de transferencias de financiación a IFA/IDEA para pagar ayudas de Empleo.


Ha subrayado que al Consejo Rector no llegó "nunca" una alerta y ha señalado que "se supone que hay un departamento de asesoría jurídico lo suficientemente capacitado y eficiente" como para emitir los informes que corresponda de los acuerdos que deban pasar por el Consejo Rector "y si no lo han pasado es responsabilidad de quien convoca las sesiones haberlo manifestado".


También ha defendido que las auditorías de las cuentas de IFA/IDEA eran favorables porque coincidían con la situación patrimonial y sólo contenían salvedades por "desfases de tesorería, que no presupuestario" al tener asumidos compromisos de pago de ayudas sin haber llegado aún el dinero de Empleo pero los propios auditores "no dudan" de que iban a llegar pues si no los informes hubieran sido desfavorables.


Testimonio de una exletrada

Por su parte, la exletrada de la agencia pública IDEA Palma Muñoz ha insistido hoy en que el papel de este ente se limitaba a pagar las ayudas que concedía la Consejería de Empleo a lo que estaban "obligados" y "siempre pensamos que existía un proceso" de concesión "con acuerdo" a la normativa vigente.

Muñoz ha explicado que en la agencia pública ese convenio marco se entendía como una mera "orden de pago" para que IDEA ejecutara el abono de las ayudas que "no tenía nada que ver con el procedimiento de concesión" de las mismas que usaba la Consejería de Empleo, donde "siempre pensamos que existía un procedimiento con acuerdo" a la normativa vigente, como el Reglamento de Subvenciones de la Junta de 2001.


Para la exletrada, que entró en la asesoría jurídica de IFA/IDEA en 2003 y fue su coordinadora entre 2009 y 2015, el convenio marco "no establecía el régimen jurídico" de concesión de las ayudas sino que era "el marco para encargar a un ente instrumental dependiente de esa consejería unos pagos" (en 2004 IDEA pasó a depender de la Consejería de Innovación pero siguió pagando las ayudas de Empleo).


Ni la más mínima duda

Como ente instrumental, IDEA tenía la "obligación" de ejecutar el pago si bien "nunca se trabajó con la más mínima duda de la legalidad de lo que estábamos haciendo".
Muñoz conoció el convenio marco al llegar a la asesoría jurídica de IFA a raíz de que su entonces jefe, Francisco José Oyonarte, le indicara que revisara convenios particulares para pagar ayudas concretas que debía firmar el director general y determinar si era competente.


Ha explicado que se analizaban desde el punto de vista formal y se hacían correcciones pero "los letrados especialistas nunca pudieron hacer informe de legalidad" porque pese a que se pidieron a la Consejería de Empleo los expedientes de concesión de las ayudas "no se recibieron".


De hecho, ha señalado que la instrucción de Oyonarte de que la asesoría jurídica de IDEA revisara los convenios particulares de ayudas concretas antes de firmarlos "no fue recibida bien por la Consejería de Empleo".
Con todo, al analizar el convenio marco no le llamó la atención ni suscitó dudas de legalidad pues supusieron que "había sido informado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía".