La inmensa mayoría de los nuevos ministros del Gobierno de Mariano Rajoy han jurado sus cargos sobre la Biblia. Sólo dos componentes, Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos, lo han hecho sobre la Constitución. Y no sólo eso: presidía la mesa en tan solemne acto terrenal un crucifijo. Quizá sea un simple detalle sin importancia. O no, como remacharía el nuevo jefe del Ejecutivo. Supone todo un síntoma en un estado aconfesional como el nuestro, según reza en el articulado de nuestra carta magna. ¿Qué valor tiene la Biblia en un acto jurídico como la toma de posesión de los cargos de representación política? Me da a mí que ninguna. Sería tanto así como jurar o prometer sobre una novela o un taco de periódicos usados. Se jura o promete por “conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo… Con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado“. Esta fórmula legal no hace alusión a pasaje evangélico alguno.

En el ámbito privado de las creencias religiosas, la Biblia puede representar muchísimo, ser el documento de cabecera o el cuaderno de bitácora que rija los destinos vitales de una persona. Sin embargo, en el espacio público de un país donde se ha establecido la división entre Estado e Iglesia (quizá no tanto como algunos desearíamos) chirría esta imagen. Esta confusión de planos no se justifica porque la mayoría se declare católica (el número de practicantes reales es ya harina sobre otro costal). ¿Tendría validez administrativa la partida de bautismo frente al DNI? La respuesta no ofrece ninguna duda. Hagamos una traslación de este planteamiento a todas las esferas de la vida pública y pongamos a la Constitución en su sitio. ¡Que una determinada moral religiosa no prepondere sobre el marco de convivencia que consagra la ley de leyes!