Es evidente que Marruecos no ha hecho bien las cosas en el rescate de los espeleólogos andaluces. El primero de ellos, Gustavo Virués, murió por un accidente que es parte de las contingencias desgraciadas de cualquier deporte de alto riesgo, pero el segundo de ellos falleció por una mezcla de ceguera, imprevisión, orgullo y negligencia de las autoridades marroquíes al rechazar ayuda de especialistas españoles más experimentados y con mejor instrumental que sus colegas magrebíes. Las familias y los compañeros de José Antonio Martínez están indignados: exigen transparencia, claridad y justicia. Veremos si logran alguna de las tres cosas. Desde luego, no van a contar para ello con el apoyo del Gobierno de España porque ese apoyo incomodaría a Rabat, y Madrid no puede o no debe o no quiere irritar a su –embarazoso pero imprescindible– aliado del sur en asuntos tan cruciales como la inmigración ilegal y el terrorismo islamista. Y no seamos más hipócritas de lo estrictamente imprescindible: se trata de asuntos cruciales no ya para el Gobierno español, sino cruciales para todos los españoles. Lo más duro que ha salido de los labios gubernamentales españoles ha sido la alusión a las “disfunciones” en el rescate que mencionó de pasada el habitualmente locuaz ministro Margallo cuando le preguntan, y aun sin preguntarle, por Cuba, Gibraltar o Venezuela. La vicepresidenta Santamaría también eludió cualquier reproche y se limitó a mencionar la “buena voluntad” de Marruecos. La actitud exculpatoria de Madrid es comprensible. Madrid ha decidido no ponerse estupendo y mucha gente entiende que así haya sido. Ahora bien, si lo ocurrido en Marruecos hubiera sucedido, pongamos por caso, en Venezuela, al Gobierno español y a la mayoría de la prensa les habría faltado tiempo para vestirse la túnica de la santa indignación, reclamar transparencia y justicia a Caracas, culpar de lo sucedido a la revolución bolivariana y llamar a consultas a su embajador. La diferente vara de medir a unos países u otros siempre ha sido el talón de Aquiles de ciertos indignados. En realidad –y no seamos, de nuevo, más hipócritas de lo estrictamente imprescindible– de todos los indignados. Felipe González moviliza su prestigio y su talento para defender a opositores encarcelados en Venezuela, y está bien que así sea, pero nunca lo haría con opositores encarcelados en China, Marruecos o los Emiratos Árabes. Felipe tiene derecho a no hacerlo, pero no tiene derecho a hacernos creer que la suya es una indignación kantiana: tal vez no sea una indignación de conveniencia, pero sí es una indignación selectiva. Las razones de Madrid para no izar la insobornable bandera de la justicia ante Rabat no son, como es obvio, razones de ética universal, sino que son razones de ética nacional. Conviene recordarlo: porque cuando en el futuro vuelvan a izar esa bandera ante Gibraltar con su contrabando o su fiscalidad o ante Venezuela con sus presos o sus libertades, sabremos que tampoco entonces se tratará, como pretenderán hacernos creer, de razones de ética universal, sino de nuevo de ética local, es decir, de ética particular: tan estrictamente particular que no se tratará propiamente de ética, sino de otra cosa.