El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha participado hoy en la presentación de la quinta denuncia contra el Gobierno español por vender ilegalmente armas a Marruecos, en violación de los Derechos Humanos. Simultáneamente en los campamentos saharauis y en Madrid, siete organizaciones vuelven a denunciar al Gobierno español por vender armas a Marruecos, vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas exportaciones en los casos –como el de reino alauí- en que existen indicios racionales de que el material puede ser empleado en acciones con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los derechos humanos.

Denuncia
Este año, la denuncia se presentará en el día en el que el pueblo saharaui recuerda una fecha triste en su historia contemporánea en la que Marruecos invadió el territorio del Sahara Occidental con una avalancha de civiles marroquíes para camuflar su sangrienta invasión militar llevada a cabo el 31 de octubre de 1975.

Venta de armamento
En los últimos diez años, España vendió 193 millones de euros en armamento a Marruecos, siendo éste el país destinatario del mayor número de armas españolas dentro del continente africano. Hasta la fecha el Gobierno español ha dado carpetazo a las denuncias que anualmente desde 2010 presentan diversas organizaciones civiles e ignora los informes de Naciones Unidas, la Unión Europea y los relatores independientes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Freedomhouse donde se expone que la violación de los Derechos Humanos de la población saharaui es sistemática por parte del Reino de Marruecos.

Siete organizaciones denuncian
Por eso, simultáneamente en los campamentos saharauis y en Madrid, siete organizaciones vuelven a denunciar al Gobierno español, que sigue autorizando la venta de armas a Marruecos de forma ilegal y arbitraria. Sí suspendió las autorizaciones de exportación de armamento a Libia en 2011 y a Egipto y Taiwán en 2013, pero siempre ha hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la población saharaui que vive bajo la represión marroquí en el Sahara Occidental, país del que además España es potencia administradora según ratificó el pasado mes julio la Audiencia Nacional de España.

En Madrid han interpuesto la denuncia la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara), Justicia i Pau, la Red de estudios sobre efectos de minas terrestres y muros en el Sahara occidental (REMMSO), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental.

Campamentos
En los campamentos de refugiados saharauis, han intervenido en la denuncia la Asociación Andaluza de Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y la Asociación de Familiares y Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), acompañados por el Coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, de visita en los campamentos saharauis por invitación del Presidente Mohamed Abdelaziz. Posteriormente, la denuncia y un histórico sobre las actuaciones ilegales del Gobierno español en relación a la venta de armas a Marruecos se han entregado a los responsables de la MINURSO en Tinduf para que se la hagan llegar al Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon.