La Fiscalía Anticorrupción desconoce las directrices que la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, ha dado a la Guardia Civil, por lo que no puede pronunciarse sobre la prescripción de los delitos y urge a los investigadores policiales a entregar los informes pendientes sobre las ayudas.

Atestados de la Guardia Civil
La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, dice que “no es posible con carácter previo ni en abstracto, tipificar las conductas o enumerar los posibles delitos”, tal como le había pedido la juez, hasta que no reciba los atestados de la Guardia Civil “sobre cada una de las empresas y ayudas concedidas”.

Intrusos
En otro escrito del pasado día 15, Anticorrupción afirma que desconoce dichas directrices pero la conducta de los empresarios que recibieron ayudas “es asimilable a la de los llamados intrusos” que nunca trabajaron en las empresas afectadas por un ERE y pide “acelerar las investigaciones encaminadas al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas”. También solicita que se sigan investigando las ayudas sociolaborales, puesto que de su resultado dependerá la acusación futura contra “los altos cargos de la administración autonómica, de apreciarse continuidad en los delitos que se imputan”.

Operación Heracles 2
La Fiscalía, en otra parte de su escrito, se refiere a los registros realizados la semana pasada en la Operación Heracles 2 sobre el pago de sobrecomisiones en los ERE y dice que pueden guardar relación con las diligencias del juzgado de instrucción 16 de Sevilla sobre las subvenciones de la dirección general de Salud Laboral de la Junta al sindicato CCOO.

Imputados
En esa causa están imputados el secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, Miguel Ángel Soto Cubero, y la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral, Esther Azorit, y ahora Anticorrupción dice que puede tener interés para dicha causa el registro en el domicilio del imputado Juan Antonio Florido, exsecretario de Organización de la Federación Textil del mismo sindicato.

Registro de Surcolor
En cuanto al registro en el domicilio de Antonio Bustamante, presidente de Surcolor ya imputado por los ERE, Anticorrupción pide que se informe del mismo al juzgado de instrucción 5 de Sevilla, que investiga un presunto alzamiento de bienes en el grupo DUJA.