Quizás de manera algo abrupta pero, ahora sí, ya no existen dudas de que el cambio político ha llegado a Andalucía. O, quizás, quién sabe, sería más acertado tomar perspectiva y hablar de un cambio político que, tras pasearse por territorios internacionales y seducir a diestros y siniestros, acaba de arribar a la zona sur de nuestra querida España, esta que vuelve a ser la España nuestra. En cualquier caso, como sobre esto hay opiniones encontradas, no tardaremos mucho tiempo en ver desveladas las incertidumbres sobre las dimensiones territoriales que terminará alcanzando la criatura.  

Después de que el bloque de la derecha, aderezado esta vez de una generosa dosis ultra, obtuviese por primera vez la mayoría absoluta parlamentaria en la última cita electoral y, tras ello, decidiese que el partido más votado, el socialista, no debía formar parte de negociación alguna, sino más bien ser desalojado de la Junta de Andalucía, son muchas las incógnitas sobre las políticas futuras que presidirán una región gobernada durante casi cuatro décadas, precisamente, por ese partido vencedor y vencido a la vez.

Sobre la mesa, encabezados cada uno de ellos por distintos logotipos,  dos documentos, ambos tan repletos de epígrafes como escasos de concreción. Por testigo de las distintas negociaciones, dos mesas paralelas y, como gestores del cambio, tres partidos distintos: PP, C’s y VOX. La zona de intersección entre C's y VOX, la ocupan los populares, que se otorgan el papel mediador. Mientras los ultraderechistas sostienen la sartén por el mango a bombo y platillo, los naranjas silban mirando al cielo con cierto disimulo. 

Si no fuese porque la sociedad andaluza cuenta con una larga trayectoria de lucha en pro de unos derechos sociales consolidados hasta el punto de llegar a sentirlos como insuficientes, y que se trata de un pueblo acostumbrado a salir a la calle ante el más mínimo envite o atisbo de recorte en derechos como los sanitarios o educativos, nadie debería escandalizarse por que, entre los planes de la derecha andaluza, se vislumbrase la tendencia hacia un proceso fortalecedor del sector privado en deterioro del público o una posible privatización de servicios.

Ante tanto suspense sobre el futuro, nos queda esperar y, eso sí, quizás empezar a analizar los cambios que los protagonistas de este enredo político han conseguido ya de facto. Mucho se habla estos días sobre la recentralización de las negociaciones andaluzas en los despachos de Madrid, pero bien poco se analiza sobre la masculinización de las mismas, llevadas a cabo exclusivamente por hombres. Pareciera que la región más poblada de España hubiese decidido estrenar etapa al más puro estilo bolsonariano, vestidita de azul, como dios manda y como se encarga de recomendarnos, desde el otro lado del Atlántico, una mujer de orden como Damares Alves, la nueva ministra de Familia de Brasil. Esa es una de las primeras transformaciones que la derecha ha conseguido para Andalucía: ni rastro de mujeres en la nueva versión de la foto de la tortilla.

No hacen falta grandes esfuerzos, con sólo echar un vistazo a las instantáneas que inmortalizan la firma de sendos acuerdos observaremos cómo las mujeres han desaparecido de la primera línea. Como consecuencia del retroceso del bloque de la izquierda, a Andalucía le han bastado dos telediarios para enfundarse el traje azul oscuro, la camisa almidonada y el gesto viril. Lejos quedaron los complementos y abalorios femeninos con que las, hasta ahora, protagonistas de la política andaluza, eran caricaturizadas incluso en las viñetas publicadas por la prensa. En todo caso, si algo nos queda es alguna pulsera rojigualda en sustitución de las verdiblancas cintas atadas en la muñeca, no más.  

Pero, las consecuencias esta nueva realidad van más allá de lo estético y deberían alertar sobre un previsible cambio de mayores dimensiones. A partir de la próxima semana, el poder, encarnado en la presidencia y vicepresidencia del ejecutivo, pasará a tener rostro de varón y serán ellos, los nuevos barones andaluces, quienes decidirán por las mujeres. El techo de cristal de la política andaluza recompone así sus añicos y vuelve a lucir casi intacto.

No sabemos, aunque empezamos a intuirlo, qué futuro les depara a cuestiones esenciales para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, algunas ya plasmadas en leyes, y otras sobre las que venía trabajando la anterior corporación. Hablamos de la paridad, de las listas cremallera, de medidas de acción positiva como la apuesta por la cuota de género para impulsar la presencia de mujeres entre los altos cargos y consejos de administración de instituciones y empresas, del seguimiento e implantación de planes de igualdad en las empresas privadas (ojo ahora también con estos derechos en el sector público), de la lucha contra la segregación ocupacional que reúne a las mujeres en torno a sectores feminizados y de mayor precariedad, de las ayudas a mujeres víctimas de violencia machista, del esfuerzo presupuestario para la sensibilización y la lucha contra esta violencia, de las ayudas para la empleabilidad femenina, de la supervivencia del histórico tejido asociativo de mujeres y su necesaria labor, de la prostitución, del posicionamiento ante el polémico asunto de los vientres de alquiler, de la feminización de la pobreza contrastada en datos... En definitiva, un largo etcétera de medidas, construidas y por construir a base de grandes esfuerzos, que podrían  terminar difuminándose como lo han hecho las propias mujeres de la foto.

Por el momento, con lo que contamos es con una especie de checklist de tareas urgentes que más que apuntar a un avance para los derechos de la mitad de la población, parecen apuntalar una involución hacia ese nacional catolicismo de antaño, al que acompañaban servicios como la Sección Femenina o el Consultorio de Elena Francis, destinados al crecimiento y personal de las féminas de la época.

A día de hoy, la realidad es que el término igualdad corre el riesgo de ceder su protagonismo al de familia, con todo lo que ello conlleva; los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres podrían volver a la era Gallardón y a su obsesión por el control del aborto; acaba de reaparecer el uso del término violencia doméstica referido a la violencia de género, algo que ya ocurrió a finales de 2011, con la ministra Ana Mato y sus primeras comparecencias al frente del ministerio de Sanidad. Significa esto último, ni más ni menos, que volver a encerrar la violencia hacia las mujeres entre las cuatro paredes del hogar familiar. Y, como colofón final, asoma otra vez, la apuesta por la educación segregada.

Ante este panorama, no es de extrañar que las mujeres hayan desenterrado el hacha de guerra y organicen estos días protestas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Tampoco debería sorprendernos que, desde determinados sectores propagandísticos de la derechísima (por cierto, aplaudidores hasta hace bien poco de las protestas sanitarias y educativas) hoy se presenten las convocatorias feministas casi como una secuela andaluza de los CDR catalanes. En fin, la España bipolar, la de toda la vida.