La Junta de Andalucía no aplicará el copago en farmacia hospitalaria a partir del 1 de octubre e interpondrá un recurso de alzada en los próximos días contra la medida, implantada por el Gobierno central, que plantea que los pacientes tengan que abonar parte del coste de los medicamentos dispensados en las farmacias de los hospitales de forma ambulatoria. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio considera que la resolución publicada por el Ministerio de Sanidad "ataca a las personas más vulnerables y atenta contra la equidad del sistema".

Retirada de la normativa
Sánchez Rubio ya ha exigido la retirada de la Resolución del 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, publicada el 19 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Asimismo, ha dado instrucciones para que se formalice en la próxima Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial que se celebrará el próximo 1 de octubre, la decisión de la Junta de no aplicar la medida en el territorio andaluz.

"Una improvisación injusta"
La responsable sanitaria ha resaltado que esta resolución "se ha hecho pública por parte del Ministerio sin informar previamente a las comunidades autónomas, ni acordarlo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" y la ha definido como "una improvisación que no se recogió de forma explícita en el Real Decreto 16/2012". Para la Junta de Andalucía, "se trata de una medida totalmente injusta que afecta directamente a 90.000 personas en la comunidad autónoma y que atenta contra la equidad del sistema castigando, una vez más, a los colectivos más vulnerables".

Recurso de alzada
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales encuentra motivos para la presentación del recurso de alzada, principalmente, "por los perjuicios que este nuevo copago supondrá para la salud de los pacientes y que podría tener graves perjuicios para la ciudadanía, ya que se corre el riesgo de que haya pacientes que pudieran renunciar a su tratamiento al no poder hacer frente al nuevo copago implantado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad".

Complejidad burocrática
Sánchez Rubio señala, además, que "la improvisación del Gobierno central hace inviable la implantación de este nuevo sistema de copago a 1 de octubre dada la complejidad del proceso burocrático y administrativo que tendría que desarrollar el sistema sanitario público andaluz. Para ponerlo en marcha, con el menor perjuicio a la ciudadanía, la Administración sanitaria andaluza tendría que cambiar el funcionamiento de todo el sistema de información de farmacia hospitalaria para enlazarlo con el sistema de Receta XXI y con el de facturación".

Según la consejera, "el Gobierno andaluz reitera, por tanto, el rechazo a esta medida, a la vez que espera su retirada por parte del Ministerio dado el perjuicio que ocasionaría a aquellos pacientes más vulnerables tanto desde el punto de vista sanitario como social".