Andalucía Laica ante la sentencia del TSJ de Andalucía en el que teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de abril de 2011 obliga a abonar al Estado (Junta de Andalucía y Ministerio de Educación) los haberes no percibidos durante los diez años del proceso, que suponen una cantidad aproximada de 200 000 euros, pone de manifiesto su total desacuerdo ante la contradicción que supone que el Obispado de Almería no proponga a la catequista y que ahora sea el Estado, es decir toda la ciudadanía quien haya de hacer frente al pago de estos salarios.

Empresa con recursos
Ha sido la iglesia católica la responsable de vulnerar los derechos fundamentales de esta persona, y en consecuencia debe ser ella quien afronte los costos de su decisión ilegal. Se trata de una empresa con bastantes recursos económicos, una empresa a la que no han afectado los recortes de la crisis económica que venimos padeciendo el resto de ciudadanos.

Decisión ilegal
No es permisible que una decisión ilegal adoptada por una entidad concreta deba ser abonada por toda la ciudadanía. Esto le está permitiendo, en este caso concreto, declarar que va a seguir sin proponer a la señora Galera, puesto que su decisión seguirá sin costarles un euro.

Casos similares y continuos
Pero se trata de algo que no es puntual, son continuos los casos similares en los que el Estado, es decir todos, debemos abonar los despidos que deciden otros. En estos momentos son cifras millonarias que se acumulan por este concepto, y es que es muy fácil adoptar decisiones sabiendo que después no tendrás que afrontar la responsabilidad de abonar los costes de las sentencias contrarias a tus decisiones.

Privilegios de la Iglesia
Recordamos que este personal goza de los derechos laborales y profesionales de cualquier empleado público interino, sin haber pasado por ningún proceso de selección basado en los principios de igual, mérito y capacidad al que obliga la contratación pública.Este hecho vuelve a poner de manifiesto el privilegio del que sigue gozando la iglesia católica en España, propios del nacional-catolicismo y no de una sociedad democrática del siglo XXI.

Que el adoctrinamiento religioso salga de las escuelas
Andalucía Laica entiende que tanto el problema laboral de estos catequistas propuestos por la jerarquía católica, pero costeados (más de 700 millones de euros anuales) con cargo al Estado, como los que afectan al alumnado que ya sufren desde los tres años una división discriminatoria entre los que dan o no esta enseñanza, que no reciben la debida atención educativa, que en muchos casos reciben discriminación en actividades, o incluso en el trato con sus compañeros,... no desaparecerá hasta que el adoctrinamiento religioso no salga de las escuelas y se imparta en los templos de cada credo, dejando a la escuela su función pública y de enseñanza común basada en la ciencia, la racionalidad y la cultura, y dejando al ámbito de cada confesión religiosa la enseñanza de sus dogmas y su moral a quienes libremente acudan a ella