La presidenta andaluza, Susana Díaz, la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y los estudiantes universitarios han llegado hoy a un pacto para mantener el actual sistema y aplicar la moratoria de dos años al decreto que establece una nueva ordenación de las enseñanzas universitarias.

Rechazo al decreto
De esta forma, Andalucía rechaza la aplicación en esta comunidad del real decreto del Gobierno que establece la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que permite a los centros académicos ofertar, de forma voluntaria, grados de entre 3 y 4 años y másteres entre 1 y 2 años.

Frente común
La Junta, los rectores de las diez universidades andaluzas y la coordinadora representantes de estudiantes respaldan así la decisión adoptada por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) de aplicar una moratoria en la puesta en marcha de la reforma universitaria.

Mantener la estabilidad académica
"El acuerdo supone mantener la estabilidad académica del sistema, el apoyo a los grados de 4 años y a la aplicación de una moratoria activa para no generar incertidumbre y confusión", ha declarado en rueda de prensa el rector de la Universidad de Cádiz y presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), Eduardo González Mazo.

Tras mantener una reunión con la presidenta de la Junta, González Mazo, ha destacado la coincidencia de las partes con el acuerdo de alcanzados por los rectores a nivel nacional y ha calificado de "razonable" el pacto alcanzado con Susana Díaz y los representantes de los estudiantes universitarios. Maíllo rechaza una moratoria de la reforma universitaria y reclama su derogación

Moratoria activa
Los rectores defienden una "moratoria activa" hasta 2017 al considerar que permitirá "reflexionar, evaluar y mejorar el sistema si fuese necesario", y han recordado que las universidades están ahora haciendo las primeras evaluaciones de los actuales grados para dilucidar si estaban o no bien confeccionados.

Estabilidad
"Ahora lo que necesitan las universidades es estabilidad y no generar incertidumbre y confusión entre los alumnos y sus padres, como supone la reforma del sistema", ha indicado el rector de la Universidad de Cádiz. González Maza ha precisado que los rectores andaluces y españoles "desconocen y no entienden" los motivos por los que el Ministerio de Educación quiere ahora aplicar la reforma.

Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes
Fabricio Saquilan, presidente de la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes (CARE), ha mostrado el "gran rechazo" de este colectivo por la forma "autoritaria" con la que actúa el Ministerio, al que ha acusado de tomar decisiones "de espaldas" a la comunidad universitaria. "Aplicar la reforma supondrá dejar miles de universitarios con menos recursos fuera del sistema por elevado precio de los másteres respecto a los grados y por la falta de becas y ayudas", ha denunciado.

Ayudas de la Junta para los posgrados
El representante de los estudiantes ha planteado a la presidenta la posibilidad de que se pongan en marcha ayudas propias de la Junta para los programas de posgrado. Saquilan ha avanzado que los universitarios prepararán movilizaciones contra una reforma que "apuesta por una universidad más elitista", en tanto que el Sindicato de Estudiantes (SE) ha anunciado la convocatoria de una huelga del alumnado los días 25 y 26 de este mes en institutos y universidades.

Ruptura del principio de igualdad
Por su parte, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha asegurado que la reforma "rompe el principio de igualdad, nace sin consenso de la comunidad educativa y supone un nuevo recorte encubierto del gasto público al encarecer la factura universitaria de los estudiantes y disminuir la financiación pública en, se estima, más de 800 millones de euros". Así, ha explicado que la norma disminuye en un 25% los grados, para los cuales se puede acceder a beca, una opción que no existe en los másteres.

Ataque a la igualdad
La reforma planteada por el Gobierno, que permite la oferta de grados universitarios de tres años más dos de máster, "ataca la igualdad de oportunidades del sistema educativo público, ya que los estudiantes de menos recursos pueden buscar refugio en esta opción quedándose en el grado, con una menor preparación y una mayor dificultad de acceso al mundo laboral", ha destacado el consejero, quien ha recordado que el coste de los créditos de los másteres es superior al de los grados.

Cuantías económicas superiores
Además, ha añadido, este sistema encarece la posibilidad de completar la formación y el acceso a estudios de tercer ciclo (doctorado). El coste del crédito de máster es superior al de grado, debido a que se trata de una formación que requiere de un cuerpo docente más especializado, ha puntualizado.

Confusión social
El titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo considera, además, que el Real Decreto genera confusión social, ya que la convivencia entre los dos modelos impide que la educación actúe como ascensor social al encarecerla en un momento en el que el Gobierno central ha bajado las cuantías de las becas de estudios.

Una reforma sin consenso
El consejero ha destacado que la norma se ha aprobado sin contar con el consenso social y político necesario, "como viene haciendo el Gobierno central en materia educativa". Esto ha provocado el rechazo de los rectores, que la han calificado de reforma precipitada.

Intervención del consejero
Sánchez Maldonado ha recordado que las universidades se encuentran sometidas a la renovación de acreditación de los primeros títulos de grado, "la mejor ocasión para poder valorar el desarrollo de la implantación de los títulos del Espacio Europeo de Educación Superior, mientras que con esta medida se está haciendo una reforma irreflexiva en un sistema nuevo, sin contar siquiera con información sobre sus fortalezas y debilidades, dando palos de ciego". También ha señalado que acotar el grado y alargar el máster no solo es cuestión de tiempo o coste de crédito, sino que implica un concepto totalmente distinto de formación, cuando aún el actual no tiene el rodaje suficiente.

Costes de todo tipo
El consejero ha añadido que el cambio de modelo "viene sin un cambio global de las políticas universitarias y sin consenso político y académico que lo sustente, con costes sociales, académicos, legales, administrativos y que puede tener una incidencia negativa en la plantillas de profesorado universitario".