Quizás una reflexión específica sobre un colectivo de trabajadoras y trabajadores afectados por las políticas de la Junta de Andalucía, puede llevar a un agravio para otros. Por ello he evitado reflexiones públicas en tanto hasta ayer tenía la responsabilidad de ser voz de IU en la Comisión de Empleo del Parlamento. Pero creo que hoy cabe saltarse la regla pues tengo deuda con el colectivo de Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPEs) con el que trabajé durante meses. Creo firmemente que es factible hacerles más corta su penuria. Era de sentido común y solo hacía falta una micra de voluntad política. Esperábamos haber solucionado su problemática o entrar en una nueva fase de trabajo y resolución antes del inicio del primer periodo de sesiones parlamentarias. Por motivos obvios, no ha sido posible. Hablar de ALPEs en Andalucía es hablar de agravio, de incumplimientos de vulneración de derechos laborales y de injusticia social por parte de la Consejería de Empleo y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Esa Consejería que más valiese dinamitarla para construir sobre un suelo nuevo. Un suelo de políticas activas de empleo que de verdad generen empleo. MIRAR A LOS PARADOS A LOS OJOS Se requiere una atención personalizada y no digitalizada para atender a ese escalofriante número de desempleados y desempleadas que hay en nuestra tierra y que superan el millón cuatrocientos mil. Con el respeto y la dignidad que merecen esos parados. Demasiado es el drama como para convertirlos en meros números en ventanilla -números pin- frente a un ordenador que no siempre saben utilizar, ni tienen por qué saberlo. Para ese servicio humano están los servicios de empleo. Para que alguien mire a los ojos, los atienda, los oriente y les de esperanza en la búsqueda de empleo, de formación, que les anime a una salida laboral e incluso que se sientan escuchados y mirados por personas que sirven a lo público. ¡Ay, lo público! Andalucía es tierra rica en cultura, diversa en pueblos y ciudades. Es amplia y rural. Vertebrarla geográfica y territorialmente es complicado. En materia de igualdad entre territorios no es tarea menor. Pero se necesita acabar con las desigualdades territoriales y para ello la administración, en la prestación de servicios al empleo, ha de tomarse en serio la máxima de igualdad de oportunidades. RECURRIR, RECURRIR Y RECURRIR Desde la Consejería responsable de la función pública se sigue un “modus operandis” no expresado públicamente pero constatado. Consiste en recurrir, hasta el último escalón judicial, los recursos interpuestos por los trabajadores, en aras a las garantías administrativas y judiciales. Nos preguntamos: ¿la garantía la ofrece llegar hasta el Tribunal Supremo?, ¿no es suficiente, no es válido o acaso, no cumple función alguna el Tribunal Supremo en cuestiones tan simples como si se vulneran o no derechos de los trabajadores y que hacer al respecto? Por supuesto que el Tribunal Supremo tiene validez, una validez que desprecian desde la Consejería de Función Pública para seguirles el juego a los Gabinetes Jurídicos de la Junta de Andalucía. Por cierto, en demasiados casos, ajenos a la Administración. Gabinetes externalizados que le hacen el agosto a algunos bufetes de abogados a consta de las arcas públicas. Con este proceder de la Consejería de Empleo, sin duda el caso que más repercusión ha tenido es el de los ALPEs de Andalucía. Este colectivo pone de manifiesto la grave situación que están viviendo 90 directores y los 697 ALPEs de los de los extintos Consorcios UTEDLT que con la aprobación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la Junta de Andalucía (BOJA nº 215, de 31 de octubre de 2.007) por el que se otorgaba un plazo de tres años paras que las entidades instrumentales de la Junta se ajustasen a la nueva estructuración. Contemplada en el artículo 52 de esta ley está la reordenación del sector público andaluz y la aprobación de la Ley 1/2011 de reordenación del Sector Público de Andalucía, de 17 de febrero (BOJA nº36, de 21 de febrero de 2.011).   UN DESPIDO COLECTIVO En este texto se recoge que el personal laboral de los Consorcios UTEDLT ha de integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de su artículo 8.5, reconociendo el trabajo realizado por este personal a lo largo de varias décadas en defensa del desarrollo local de los municipios y por el empleo. Pese al texto, la Junta de Andalucía, en lugar de aplicar su ley y proceder a la subrogación de los trabajadores/as en el SAE, decidió aplicarles un despido colectivo. El resultado tras cinco años de pleiteo ha sido que el Tribunal Supremo les ha dado la razón. Esto supone la nulidad de los despidos y, en consecuencia, la readmisión de las personas afectadas. Sin embargo, la Junta de Andalucía no cumple. Y no lo hace, aunque el TSJ le pone día y hora a la readmisión. Y no lo hacen, aludiendo a que el cumplimiento del déficit presupuestario no les permite poder hacer frente a dichas readmisiones. Sin embargo, parece que sí puede presupuestariamente hacer frente a los costes que implica no readmitirlos. La Junta se escuda en que no hay donde reubicarlos y no hay funciones específicas para ellos que permitan la subrogación, a pesar de que por la Ley de Reordenación el SAE asume las funciones de los Consorcios UTEDLT que están establecidas en sus Estatutos y que por Convenio Colectivo se les garantiza al personal laboral de los Consorcios UTEDLT formación continua para el caso de que el Consorcio se transforme en otra entidad o modifique sus funciones. UNA EXPLICACIÓN TORTICERA Y es ahí, en esa explicación torticera, donde la indignación se apodera de propios y extraños. Es inevitable pensar en el tipo de reaños que debe de habitar en esos gobernantes que no gestionan, que no resuelven y que hunden a los y las trabajadoras al borde de la exclusión social. Son cuatro años viviendo del paro, de las prestaciones. A la mayoría del colectivo se le ha acabado cualquier recurso. Algunos no pueden -o no han podido- pagar las hipotecas y otros han caído en rupturas familiares o en graves depresiones. Es esta la realidad que parece no impórtales ni a María Jesús Montero, titular de Hacienda, ni a Sánchez Maldonado, consejero de Empleo; y mucho menos parece importarle a la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata del PSOE. Para estos ‘gobernantes’ pensar en Andalucía no pasa por pensar en el pueblo andaluz, mucho menos por pensar en los ALPEs. Por eso ahora, que el gobierno es solo de una parte y que se han quitado a las moscas cojoneras de Izquierda Unida; ahora que se apropian de nuestro legado de justicia social allí donde hemos podido gestionar en la administración; ahora les pido que sigan apropiándose de las propuestas e iniciativas de Izquierda Unida para dar solución, también, a los ALPEs. LA READMISIÓN ES POSIBLE Sobre la mesa tienen nuestra propuesta económica que pasa por la readmisión y mantenimiento de los puestos de trabajo y la ubicación funcional de los mismos. Es posible hacerlo de la forma más ventajosa para el erario público. Tienen sobre la mesa una propuesta de ubicación para dar servicio en el territorio y vertebrar Andalucía en materia de prestación de servicios de empleo. Solo tienen que apropiársela, allanarse en todos los casos y ejercerla. Sería no solo un buen titular. Sería un gran hecho a poner en valor en la estrepitosa carrera política y electoral (aunque solo sea por eso aprovéchesela, señora presidenta): Personalmente se lo reconoceré sin ningún tipo de ambages porque lo importante ha de estar por encima de nosotras. Lo importante es acabar con esa pesadilla que día y noche viven setecientas ochenta y ocho personas, denominadas ALPEs Andalucía.